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Por María Alejandra Díaz

Límites a los poderes constituidos

Venezuela | 19 de agosto de 2017

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El Poder Constituyente representado en la ANC tiene como fin asegurar los derechos de los ciudadanos, estableciendo límites a los poderes constituidos. Puede, como en efecto lo ha hecho, constreñir a las autoridades constituidas, cuya potestad domina y limita, pues el Poder Constituyente todo lo puede.

Siendo así, la ANC ha comenzado a tomar decisiones válidas en el marco de su poder, que incluye dictar leyes, decretos, actos y órdenes constitucionales, cuyas consecuencias son plenas.

Si el Poder Constituyente puede incluso abolir la Constitución y establecer una nueva, y además se autolimita únicamente de modo expreso, queda claro que la ANC tiene control sobre los poderes constituidos, lo que implica que todos los actos emanados de estos pueden ser controlados políticamente por la ANC, siendo un asunto de supremacía constitucional.

Así, por ejemplo, la decisión del TSJ de suspender de su cargo a la Fiscal General para que se le inicie un juicio de responsabilidad debe ser controlado por la ANC, pues la detentadora de un órgano que pertenece a una rama de un poder del Estado, que aparece como agresora y que con sus ataques vulneró desde adentro y desde arriba a la Constitución, no puede estar por encima del derecho del pueblo venezolano a obtener justicia y a la defensa frente a estos ataques.

Lo mismo ocurrirá frente a decisiones que pudiera tomar el CNE en el caso de aquellos agresores que, escudados en su derecho al sufragio -a ser electos y a elegir-, pretendan postularse a cargos de elección popular. Entendemos que quien se postula a un cargo público quiere gobernar en pro del bien común y del Estado, que es el ropaje jurídico de la nación, siendo que el derecho al sufragio activo es una forma de alcanzar posiciones de poder dentro de este.

Frente a esta situación nos preguntamos: ¿deberá la ANC permitir a un agresor de la comunidad del Estado, que hoy pretende atacar a la Constitución desde su propia estructura de poder, hacerlo? ¿O deberá, en un ejercicio de defensa desde el poder, considerar que hay dos principios enfrentados o en colisión y no permitirlo?
Por un lado, el derecho a la participación política como máxima expresión del sujeto político, y por el otro, el derecho/deber a la defensa de la comunidad del Estado, de la Constitución y la soberanía territorial y popular.

El fin esencial del Estado es protegerse a sí mismo, lo que implica la defensa del territorio, del pueblo y de su soberanía, y nos tocará decidir sobre este tema en los próximos días. @alecucolomarin


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