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Por Luis Britto García

Los parapolíticos llegaron ya

Venezuela | 3 de noviembre de 2015

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Los criminales suelen tener formas de operación fijas y constantes, que los identifican, y es obvio que un “nuevo modus operandi”, calificado de tal porque prácticamente no había antecedentes de él en Venezuela, es idéntico a los procedimientos usualmente empleados por dos categorías de homicidas: los sicarios y los paramilitares colombianos. Las dos variedades de delincuentes adquirieron visibilidad a partir del 9 de mayo de 2004, cuando el presidente Hugo Chávez Frías anunció la detención en Baruta de 130 paramilitares colombianos con uniformes militares venezolanos. Los menores fueron devueltos a su país; el resto fue indultado en 2007. Averiguaciones ulteriores revelaron que la finalidad del grupo era participar en un plan de magnicidio y luego efectuar ataques contra el ejército venezolano, a fin de representar un aparente cuadro de guerra civil que legitimara una intervención extranjera. Uno de los reclutas que intentó desertar fue ejecutado con una técnica atroz propia de esos grupos, la “corbata colombiana”. El alojamiento, el transporte, la logística y la intendencia habían sido costeadas por conspicuas figuras de la oposición venezolana (Britto García Luis y Miguel Ángel Pérez Pirela: La invasión paramilitar. Operación Daktari. Caracas, Correo del Orinoco, 2012).

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No concluyó así la invasión de grupos armados a Venezuela. Informa el general López Hidalgo que hay “paras” en siete estados (ÚltimasNoticias, 11-5-04, p.12). El 25-6-2006 el DiarioVea reseña que paramilitares colombianos asesinaron a nueve campesinos al Sur del Lago. El 4-4-2007 añade que cuatrocientos mercenarios estadounidenses se concentran en la frontera frente a Apure. Jaime A. Moreno denuncia en Rebelión del 26-6-06 que los campesinos colombianos desplazados hacia el Sur del Lago son semiesclavizados por mafias extranacionales: “Los terratenientes, mafiosos paramilitares colombianos y los terratenientes escuálidos venezolanos, desarrollaron una unidad y complementariedad eficaz, se necesitan mutuamente: los primeros han encontrado en el Zulia agrícola el escenario ‘perfecto’ para acumular y legalizar capitales en tranquilidad; no cuentan con el acoso de la insurgencia guerrillera colombiana y la presión de los campesinos por rescatar su tierra, y se favorecen por el apoyo de los escuálidos que a su vez les conviene fortalecer su proyecto contrarrevolucionario, antibolivariano y secesionista”. Diversas denuncias afirman que paramilitares cobran vacuna e instalan alcabalas en todos los estados fronterizos; Eleazar Díaz Rangel en entrevistas en VTV y editoriales en Últumas Noticias considera dichas informaciones dignas de atención. La agencia EFE informa, el 12-6-2007, que las autoridades venezolanas incautaron en la frontera del Táchira 40 mil cartuchos de armas de guerra a dos paramilitares colombianos. ABN reporta el 13-6-2006 que, según la revista Semana aparecieron 14 nuevos grupos paramilitares en la Hermana República, y que “También en el departamento de la Guajira colombiana, se ha reportado la presencia y actividad de un grupo paramilitar conformado al menos por 70 efectivos armados, que formaron parte de la estructura del Frente Contrainsurgencia Wayúu de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.

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Actualidad Étnica divulga el 19-7-2007 que “Desde el año 2002 el pueblo wayuú ha sufrido una arremetida por parte de los grupos paramilitares, que según voceros wayuú siguen operando en Maicao y en la Guajira. Violación y ensañamiento contra las mujeres, secuestros, más de 200 homicidios, desplazamientos masivos y pérdida de bienes son los casos que más afectan a los wayuú”, y añade que “Para su defensa, los wayuú siempre han hecho uso de las armas y algunas veces para dirimir conflictos internos”. El 16-12-2007 el diario Panorama, del Zulia, basándose en “fuentes de completa confianza” revela que “En Venezuela, el paramilitarismo tiene su punta de lanza en Maracaibo”, con las bandas Águilas Negras, Águilas Azules y Águilas Rojas y que desde 2004 terratenientes de Machiques contrataron al coronel colombiano Novoa para que les entrenara mercenarios. Añade que opera en Zulia el heredero del imperio criminal del capo colombiano “Jorge 40”, Miguel Villarreal, alias “El Salomón”, jefe de las Águilas Azules y Rojas, quien controla el contrabando de gasolina hacia Colombia. El paramilitarismo invade nuestro principal estado petrolero y ganadero, codiciado objetivo de diferendos fronterizos y complots de secesión. El 13 y 14 de diciembre de 2007, Eligio Rojas resume en Últimas Noticias el informe anual de Provea según el cual narcotraficantes y paramilitares actúan unidos en lugares como El Valle, Petare y el Mercado Mayor de Coche, donde “estos grupos son financiados por los comerciantes y camioneros de la zona”. Testigos presenciales les atribuyen prácticas de tiro en San Blas y la Fila de Mariches. El paramilitarismo invade la capital.

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Cuatro industrias explota la delincuencia en los sectores populares: la trata de personas, el narcotráfico, el préstamo usurario y el juego. Los paracos sustituyen en forma acelerada al hampa criolla. Bandas con entrenamiento militar, organización militar, armamento militar y financiamiento del crimen organizado desalojan a simples rateros, cobradores de peaje o arrebatadores de celulares. La página colombiana El Tiempo.com de 2 de julio de 2005 demuestra que los paracos lavan sus capitales en los países vecinos mediante “Contrabando de gasolina, arroz, electrodomésticos y vehículos, transporte público (colectivos y mototaxis), juegos de azar (chance y casinos), confecciones, construcción y prostitución”.

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En la mayoría de las fuentes citadas, aparecen paramilitares y sicarios asociados a grupos opositores, bien políticos, bien terratenientes de extrema derecha. Buena parte de las defunciones de autoridades y de ciudadanos bolivarianos durante los ataques terroristas de principios de 2014 se debieron a certeros balazos en la cabeza, presumiblemente disparados por personas con entrenamiento militar o paramilitar. Todas las evidencias apuntan a que este “nuevo modus operandi” y sus perpetradores han sido introducidos en Venezuela por la misma oposición. Buena parte de las muertes de autoridades y ciudadanos bolivarianos durante los ataques terroristas de principios de 2014 se debieron a certeros balazos en la cabeza, presumiblemente disparados por personas con entrenamiento militar o paramilitar. El incalificable asesinato perpetrado por el “defensor de Derechos Humanos” Lorent Saleh contra Rober Serra y su acompañante muestra también una rúbrica de crueldad inútil y ensañamiento encaminado a difundir pavor. El execrable crimen contra Liana Hergueta y el tratamiento infamante inferido a sus restos llevan la misma firma. Basta considerar a sus confesos autores: Trejo Mosquera, dirigente de Primero Justicia, participante en guarimbas, prepara y ejecuta el asesinato porque las denuncias de la víctima estafada podrían perjudicar su “carrera política”. Pérez Venta, también “defensor de Derechos Humanos” por propia confesión terrorista guarimbero, militante de Voluntad Popular, de JAVU y de Operación Libertad; vinculado con Antonio Ledezma, María Corina Machado y Álvaro Uribe, es coautor material, junto con José Angulo Sánchez, delincuente común. El viernes 30 de octubre surge un providencial apagón mientras los estudiantes eligen a sus representantes en la Universidad del Zulia: en la tiniebla es degollado el joven bolivariano Eleazar Hernández, y abaleado Carlos Palma. Otro apagón perturba el mismo día las elecciones en la Universidad Bolivariana, afortunadamente sin víctimas. Tenemos así una alianza macabra entre dirigencia derechista, sicariato, terrorismo, hampa ordinaria y falsa “Defensa de Derechos Humanos”. Todas las evidencias corroboran que este “nuevo modus operandi” y sus perpetradores han sido promovidos en Venezuela por la oposición. Si así se oponen, cómo serán gobernando. Todo el año sería Día de los Muertos.

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