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Por Paola Arroyo Fernández

Marchar para despenalizar socialmente el aborto en Chile

Chile | 25 de julio de 2018

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Foto: Archivo

Esta semana se realizará por sexto año consecutivo la marcha por el aborto libre, seguro y gratuito. A diferencia de las cinco anteriores, la de este año se levanta en el contexto de la materialización de la reciente ley que despenaliza el aborto voluntario en tres causales, promulgada por el extinto gobierno de la Nueva Mayoría.

¿Y por qué marchamos nuevamente? Porque no bastan tres causales. La ley 21.030, que entrara en vigencia en septiembre pasado, solo garantiza el derecho de las mujeres a decidir en casos extremos: riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación. Una vez más, la autonomía corporal de las mujeres, nuestra condición de personas, se relativiza. El Estado Chileno nos reconoce la capacidad de decidir sólo si somos víctimas. Y aunque pueda considerarse un avance, al observar la realidad de su aplicación, objeción de conciencia institucional incluida, constatamos que dicha norma apenas cubre el 3% de los casos de aborto y lo que es más grave aún, no se hace cargo del tema de fondo: el aborto más allá de las tres causales existe y seguirá existiendo, con o sin ley que lo autorice.

Terminada la dictadura cívico militar y comenzada la interminable transición, las mujeres fuimos empujadas por las instituciones públicas y privadas, el sistema educacional y los medios de comunicación, a someternos nuevamente a la sociedad gobernada por hombres y para hombres, puestas en condición de objetos de consumo de diverso tipo, imponiéndosenos con mayor fuerza la reproducción de la vida como una especie de servicio maternal obligatorio. Con ello la maternidad se vinculó de modo indisoluble al cuerpo de las mujeres, naturalizando un rol, obligándonos a gestar, demonizando el aborto. Desde 1931 y hasta 1989, el aborto terapéutico existió en Chile. Pero el excesivo conservadurismo del Almirante Merino, en connivencia con la Iglesia Católica, consiguieron penalizar la interrupción del embarazo de manera absoluta, volviendo ilegal una práctica ancestral de las mujeres y con los años, gracias a la falta de voluntad política de la Concertación, restándole legitimidad social, incluso entre las propias mujeres.

La lucha por el aborto libre es una lucha social, una lucha que debe recobrar la legitimidad de la práctica del aborto como un derecho de las mujeres, primero entre las propias mujeres y luego en el resto de la comunidad. Despenalizar socialmente el aborto será un logro que alcanzaremos si cada día somos más las que hablamos a viva voz sobre el aborto como expresión de una decisión que solo a las mujeres les corresponde tomar. Porque la maternidad no puede ser un castigo, sino consecuencia del deseo libre y conciente de gestar, parir y criar, que cada mujer enfrentada a un embarazo asumirá autónomamente.

Nuestro desafío es lograr que la mayor parte de las personas comprenda que sobre el cuerpo de las mujeres decidimos las mujeres, que el embarazo es una experiencia intransferible y que al tener lugar solo en el cuerpo de una mujer, resulta inadmisible que aquellos cuerpos que no gestan tengan siquiera el derecho a manifestar su opinión sobre qué hacer en caso de un embarazo no deseado.

Aún hoy para mucha gente el aborto es sinónimo de matar a un niño (nunca a una niña) y en torno a esa idea se argumenta, desde una supuesta protección de la vida, que lo mejor es darlo en adopción, si son solo nueve meses. Frente a estas razones, en exceso vulgarizadas por los autodenominados defensores de la vida, es necesario arremeter con el argumento claro: el cuerpo de una mujer no es un lugar donde el óvulo fecundado pase una temporada, tal como señala la filósofa argentina Laura Klein.

A pesar de la ola feminista, la falta de libertad de las mujeres aún es un asunto poco discutido y por cierto nublado en los paneles de la intelectualmente pobre televisión chilena. En materia de interrupción del embarazo, el enfoque, tal como la ley vigente que lo autoriza solo en tres casos, es de socorro en caso extremo, porque la sociedad nos considera únicamente víctimas, negándonos la posibilidad de decidir por nosotras mismas. Porque aún, en 2018, las mujeres no somos consideradas personas.

Debatir sobre este tema con miras a instalar al aborto en la población como un derecho y decisión de las mujeres, nos permite instalar una cuestión trascendental: abortar también es ser responsable. Ciertamente con una educación sexual integral y efectiva, sin tabúes ni religiones que se inmiscuyan, los embarazos no deseados disminuirán. Pero las mujeres podemos incluso quedar embarazadas “cuidándonos”. ¿Vamos a cargar con una gestación no querida solo porque el método falló? ¿Es el embarazo el símbolo de una punición divina con la que cargamos las mujeres por el solo hecho de serlo? El embarazo nunca puede ser un castigo, ni podemos seguir aceptando que nuestra existencia en el mundo, como mujeres, siga siendo subalterna, relativizada, inferiorizada.

Por eso el aborto a secas, sin más causal que el deseo de no ser madre, es una lucha tan fundamental para nosotras, porque solo mediante el derecho a interrumpir un embarazo no querido es que estaremos en igualdad de condiciones para emanciparnos de una cultura que oprime y somete hasta en los aspectos más íntimos. Porque carece de sentido una maternidad sin conciencia de lo que significa hacerse responsable de otra vida. Porque no es justo imponer como carga a las mujeres el traer refuerzos humanos de consumo y explotación para un sistema que expolia no sólo los recursos naturales, sino las vidas, las comunidades y las subjetividades. Eso hicieron los gobiernos de la Concertación durante un cuarto de siglo: nos relegaron, en tanto mujeres, a una doble explotación, nos inocularon la maternidad como algo naturalmente adosado al hecho de nacer con útero, nos trastocaron el sentido que ya nuestras abuelas poseían sobre la libertad de disponer la continuidad de un embarazo, dejándonos a merced de la misoginia eclesiástica que nos sometió mediante la culpa.

Que el aborto sea considerado un derecho por la sociedad y especialmente por las mujeres, no será fruto de leyes que se hagan entre cuatro paredes, ni dádivas que ciertos sectores políticos autoproclamados progresistas nos otorguen, pues bien sabemos que los logros conseguidos por las mujeres han sido posible solo con organización y lucha sin tregua, arrancándole al gobierno de turno la decisión de reconocer un derecho. Si el aborto libre es legal en Chile, será porque las mujeres corrimos el cerco patriarcal de lo que a nuestros cuerpos les estaba permitido, será porque seremos muchas las que convencidas de tal exigencia no nos detendremos hasta que sea ley. Mientras tanto, las feministas seguirán apoyando abortos, propiciando espacios de confianza y respeto; muchas mujeres seguirán intentando ejercer su decisión de abortar, arriesgando incluso la vida, en condiciones insalubres e inseguras, en soledad e incluso en abandono; muchas niñas y jóvenes continuarán con embarazos no deseados y en precarias condiciones de existencia.

La sociedad chilena tiene una deuda enorme con las mujeres, el sector más golpeadas por el neoliberalismo, que las sobreexplota sin tregua. Sepan que tampoco nosotras cejaremos en esta exigencia, tampoco daremos tregua al Estado chileno, minúsculo y mezquino con el pueblo, obtuso y cruel con las mujeres.

Sepan que no descansaremos hasta que seamos millones las que exijamos aborto libre, seguro y gratuito. Porque el aborto será una opción, nunca una imposición como sí lo es hoy la maternidad. Para que abortar de forma segura no sea más un privilegio de algunas; para que las niñas y mujeres pobres puedan abortar en condiciones dignas. Por una maternidad deseada, por seres humanos que nazcan con la posibilidad de vivir dignamente. Por nuestra emancipación, marcharemos cuántas veces sea necesario.


Fuente: El Desconcierto

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