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Juristas de diversos países se reunen en Brasil

Movimientos populares promueven Tribunal Internacional sobre impeachment

Brasil | 20 de julio de 2016

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El Frente de Juristas por la Democracia en Brasil, y los movimientos y entidades que componen el Frente Brasil Popular realizan entre 19 y 20 de Julio, un Tribunal Internacional para analizar el proceso de impeachment de la presidenta Dilma Rousseff (PT). Compuesto por figuras internacionales, el juicio informal ocurre en el Teatro Oi, de Río de Janeiro.

Invitado para presidir la sesión, el profesor titular de Derecho Penal de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), Juarez Tavares, conversó con Brasil de Fato para explicar la propuesta.

¿De dónde surgió la idea de realizar un Tribunal Internacional?

Existen precedentes. Durante la Guerra de Vietnam, (el pensador ingles) Bertrand Russell creó un tribunal que funcionó en Suecia, en 1966, para condenar la guerra. Después, le sucedieron otros dos tribunales Russell en Roma, en 1974, para examinar cuestiones de América Latina. Ahí se observaron los golpes de Estado en Chile, Brasil y Argentina. Son tribunales de opinión (no validos desde el punto de vista jurídico), en el que se reúnen varios intelectuales que se posicionan sobre cuestiones políticas relevantes.

En el caso de Vietnam, hubo sentencia condenando la guerra, el uso de napalm y el exterminio de poblaciones. En el Tribunal Russell en Roma, por ejemplo, estuvieron presentes [los escritores] Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y José Saramago. También hubo decisiones contrarias a los golpes de Argentina, Chile y Brasil. Con estos precedentes, los movimientos populares pensaron este tribunal y me llamaron para presidirlo.

En Brasil, ¿es un modelo inédito?

Sí, en Brasil es inédito.

¿Cómo se están posicionando los intelectuales extranjeros en relación al impeachment?

En general, en el mundo jurídico y político, los intelectuales se están pronunciando mayoritariamente en sentido de caracterizar el impeachment de la presidenta como un golpe de Estado. No como un golpe tradicional, sino como una acción del Parlamento, con el apoyo de la prensa a su lado y una cierta omisión jurídica al no tomar acciones sobre determinados actos, por ejemplo, [deberían] exigir al Congreso que demuestre la ocurrencia de delito de responsabilidad [de la presidenta].

¿Esto tiene que ver con la cobertura de los medios de comunicación internacionales, que ha sido más crítica para el proceso en su conjunto?

La prensa extranjera es más libre para analizar la realidad brasileña en relación a los medios de comunicación nacionales, que retienen o falsifican información, o incluso seleccionan sólo los hechos que favorezcan su propia convicción. La prensa internacional estaba mucho más preocupada en retratar una realidad fáctica, que no estaba presente aquí.

Usted mencionó la omisión de la Justicia en el impeachment, pero, ¿desde el punto de vista jurídico, es responsabilidad del Congreso decidir si hubo o no delito de responsabilidad?

Si el Congreso dice que se cometió un delito, y no hay confirmación de esto, ese hecho puede ser llevado a los tribunales. El problema no es sólo político. El Parlamento no es dueño de la verdad, él no puede decir que hay delito si no lo hay. Si la hipótesis no se confirma, el tribunal debe intervenir porque la decisión fue injusta. El abuso de poder por el Poder Legislativo debe ser contenido por el Poder Judicial.

¿La votación de la Cámara de Diputados, entonces, reforzaría esta tesis, ya que los diputados mal llamaron la cuestión de los delitos de responsabilidad?

El pronunciamiento de la diputada Joana Mortágua (bloque de izquierda), al respecto de la votación del impeachment, muestra exactamente eso: un juzgamiento político sin fundamentos jurídicos.

¿Cómo funciona el juicio de este Tribunal Internacional?

Todo el procedimiento de impugnación se presenta a nueve jueces extranjeros – como ocurrió en la Cámara y la forma en que se lleva a cabo en el Senado – tanto por la defensa de Dilma, como por las personas que presentarán los motivos del Congreso.

Estos jueces deciden si el caso cae dentro de las disposiciones constitucionales o no, y tienen 30 minutos para exponer sus posicionamientos. Como presidente de la Corte, yo expedo una decisión basada en la decisión del jurado, incluyendo sus consideraciones. Este documento es escrito y remitido a las autoridades en general, como el presidente del Senado y el Tribunal Supremo.


Fuente: Brasil de Fato

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