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Madre de niño asesinado jura Justicia

¡No voy a detenerme hasta que los responsables sean sancionados!

Venezuela | 26 de febrero de 2020

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Surgentes. Colectivo de DDHH

El 05.12.18 la policía le asesinó un hijo y un sobrino a Heidy Moreno; hoy sigue luchando por obtener justicia frente a instituciones y funcionarios que intentan tejer una red de impunidad.

Ricardo Castro Moreno, el hijo de Heidy, tenía 13 años; Jhonaikel Moreno, su sobrino, tenía 17. En los mismos hechos, la policía también hirió de bala a su otro hijo, Johaiberson Castro Moreno, de 14 años y a una vecina, Marvelis Lozano de17 años. Los adolescentes estaban montando un nacimiento frente de la casa de Heidy, en la calle 18 de El Valle (Caracas), cuando llegaron 9 funcionarios policiales disparando y acusando a uno de ellos de haberse robado una moto (Ver: http://www.albatv.org/Del-Nacimiento-a-la-muerte-el-caso-del-asesinato-de-Ricardo-Castro-y-Jhonaikel.html). A quien acusaban era a Jhonaikel, que acababa de llegar con su madre desde San Juan de Los Morros a pasar unos días con su abuela por la navidad. Jhonaikel, que tenía un leve trastorno de desarrollo intelectual, intentó explicarle a uno de los funcionarios, que él no se había robado ninguna moto. Pero tenía una camisa roja y a los funcionarios les habían dicho que quienes se robaron la moto se habían escondido en la calle 18 y que uno de ellos tenía camisa roja. Uno de los funcionarios, Juan José Hernández, que resultó ser escolta del dirigente político Freddy Bernal, le disparó primero en el hombro, mientras lo interrogaba, le pateó la cara, cuando estaba en el piso y, luego, le disparó en la boca, matándolo de inmediato. Antes de eso, en el tiroteo inicial de la policía, Ricardo recibió un disparo en la espalada mientras corría. Como consecuencia de ello murió al día siguiente en el Hospital Clínico. Johaiberson fue herido en el brazo y Marvelis en el muslo. Mientras el escolta interrogaba a Jhonaikel, el resto de los policías allanaron (sin orden judicial) la casa de Heidy buscando la moto robada. Golpearon y amenazaron a todos los que ahí estaban, incluyendo a su mamá, a sus hermanas y a otros sobrinos. No encontraron ninguna moto.

La estrategia de la impunidad

Aunque los 9 funcionarios actuantes fueron detenidos y aunque sobran pruebas y testigos de los homicidios, aún la justicia no los ha sancionado. Por el contrario, varias instituciones y funcionarios intentan que el caso no avance. La estrategia parece ser que Heidy y su familia se cansen y dejen de presionar por justicia; que pase el tiempo “y la marea baje”, para que sea más fácil liberarlos o darles una pena menor y, posteriormente, algún beneficio.

La jueza del Tribunal 14 de control penal, suspendió 9 veces la audiencia preliminar, durante un año, por distintas razones que expresan negligencia del tribunal, el alguacilazgo y la policía: a) no salía la boleta de citación del tribunal a los 9 imputados, b) cuando la boleta salía, la PNB no trasladaba a los funcionarios o traslada solo a algunos funcionarios y no a otros y, c) la PNB los trasladaba al tribunal pero no los subía a la oficina de la jueza. También fue suspendida por el uso de estrategias dilatorias por parte de la defensa de los funcionarios, como el cambio de abogado, el mismo día de la audiencia.

Finalmente, luego de que Heidy denunció su caso ante varios medios de comunicación (entre ellos AlbaTV) y ante la Defensoría del Pueblo, el 17.02.20 se dio la audiencia preliminar, pero solo con 6 de los funcionarios de la PNB, que estaban detenidos en el Centro de Coordinación Policial de El Valle. Los otros 3 funcionarios, entre los que se encuentra el escolta y otros dos, aparentemente, adscritos al FAES, se encuentran recluidos en La Quebradita, una sede del FAES en Caracas. Pese a que el director del FAES, José Miguel Domínguez, se comprometió, dadas las gestiones de Heidy ante varias instituciones del Estado, a trasladarlos este lunes 17.02.20 para poder realizar la audiencia preliminar, no los trasladó. Por otra parte, testimonios obtenidos por la familia de las víctimas señalan que en La Quebradita, estos 3 funcionarios gozan de privilegios, tales como entrar y salir de su centro de reclusión. Por ello la familia teme que puedan fugarse. Domínguez, el director del FAES es señalado por la prensa como alguien muy cercano al dirigente Freddy Bernal, cuyo escolta es de los principales imputados.

En la audiencia del 17.02.20, los 6 funcionarios de la PNB se declararon inocentes, “dijeron que ellos no llegaron disparando al barrio, sino que escucharon unos disparos y subieron a ayudar a la comunidad”, según relata indignada Heidy, que estuvo en la audiencia. Sin embargo, una minuta policial de la Oficina de Control de la Actuación Policial (Ocap) de la PNB relata los hechos de forma diferente: “tuvo conocimiento que siendo las 22:00 hrs. del día de anoche miércoles, 05/12/18, que un ciudadano civil, (manifestó ser ex policía y escolta del Diputado Freddy Bernal) presuntamente le habían robado una moto, en la carretera Panamericana, busco a su vez a los dos funcionarios del FAES y los Funcionarios del FAES a su vez buscaron a los seis funcionarios perteneciente a la Estación Policial el Valle, ingresaron en la calle 18, para recuperar la moto, llegando al lugar presuntamente disparando donde hay tres menores de edad heridos (de los cuales uno de gravedad) y uno fallecido, todos menores de edad”.

“Ellos dicen que vinieron a protegernos -señala Heidy- pero ellos llegaron disparando junto al otro grupo (en donde estaba el escolta) y entraron a la casa dando golpes, maltrataron a mi mamá, a mis hermanas y a mis sobrinos. Hay muchos testigos, porque la comunidad estaba ahí. Y si lo que querían era ayudarnos, por qué no detuvieron al escolta que asesinó a mi sobrino, por qué no nos llevaron con nuestros chamos heridos al hospital. Son unos mentirosos”.

Otro indicio de la responsabilidad de este grupo de 6 funcionarios en los homicidios, lesiones y allanamiento ilegal, es que nunca reportaron el operativo a sus superiores. Si hubieran actuado en apego a la ley, hubieran reportado lo ocurrido. Por el contrario, luego de los homicidios, llegaron al Centro de Coordinación Policial de El Valle (junto a los otros 3 funcionarios), se bañaron y cambiaron de ropa, se presume que fue para ocultar las marcas de pólvora que quedan impregnadas al cuerpo cuando se dispara. Ahí en El Valle, ese mismo día, fueron detenidos por otros funcionarios policiales de la propia PNB que habían sido informados del caso.

La verdad, es que estos 6 funcionarios son coautores, cuando menos, de los delitos de homicidio cometido con alevosía y por motivos fútiles contra dos adolescentes; lesiones graves contra otros dos adolescentes; uso indebido de arma orgánica; omisión de socorro; encubrimiento y violación del domicilio. Todo eso es fácilmente demostrable con las pruebas que ya están en el expediente. Sin embrago, en la audiencia preliminar del 17.02.20, la jueza dio 15 días más para que la Fiscal agregue más pruebas al caso “Cuáles pruebas - dice Heidy- si todas están en el expediente!”. Y es correcto, las pruebas y testigos sobran, lo que falta es voluntad de justicia. “Con el dolor de mi alma- dice Heidy-, yo lo que vi ahí fue un teatro para dejar libre a esos 6 policías. Y los otros 3 ni se presentaron”. Pero ni Heidy, ni su familia se rinden. Han logrado articular muchas solidaridades, porque así como existe una estrategia de la impunidad, existe una estrategia por la justicia. A finales de febrero, la jueza escuchará de nuevo a la Fiscal del caso. Solo la presión a las instituciones permitirá que el caso avance hacia la justicia. Mientras más gente conozca el caso, más expuestos estarán los funcionarios que apuesten por la impunidad. Si logramos justicia en este caso, ayudamos, además, a que no se sigan repitiendo otras muertes arbitrarias que victimizan a diario a jóvenes de los sectores populares.

Te invitamos a que seas parte de esa lucha: buscando, analizando y compartiendo información. #NoMasEjecucionesEnElBarrio

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