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El MAB apoya a pueblos originarios de Pará

Ordenan cese de obras en hidroeléctrica Bello Monte

Brasil | 7 de septiembre de 2012

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La Procuraduría General de la República (PGR) intimó al Supremo Tribunal Federal (STF) a rectificar el permiso de obra para la usina hidroeléctrica Belo Monte ,en el estado de Para. El STF concedió el 27 de agosto un mandato que permitía reanudar las obras paralizadas desde el 23 por decisión del Tribunal Regional Federal (TRF) de Brasilia, que argumentaba que los pueblos indígenas afectados no habían sido escuchados de manera adecuada.

Para el Movimiento de Afectados por Represas (MAB), la decisión del ministro demuestra la irresponsabilidad del Estado brasileño frente a la construcción de una obra de esa magnitud en el corazón de la Amazonía. Se trata de una decisión política para que la obra avance a costa de los derechos de la población afectada y del medio ambiente.

Acerca de la cuestión indígena, el MAB denuncia la falta de consulta a los afectados en general. Las audiencias públicas de Belo Monte fueron una mera formalidad y propaganda de la obra y no un diálogo con la población. “Denunciamos que la construcción de represas en Brasil siguen un patrón rígido de violaciones a los derechos humanos, como una relatoría del propio gobierno reconoció en 2010 y que ahora poco o nada se ha hecho”.

En menos de un año de construcción, los vicios legales en el licenciamiento de Belo Monte provocaron enormes perjuicios, algunos irreparables, al ambiente y al pueblo. Más de 100 familias habitan un área de riesgo en la zona de construcción de dos canales. En la agenda del Estado no figuran indemnizaciones. En palabras de un poblador, “cuando hay explosión, caen las piedras en nuestra casa”.

“Más de dos mil personas viven o dependen de un trecho en la reducción del flujo, entre la pared del proyecto y la casa de máquinas. Juntamente junto a esa población, el MAB pidió una reunión con el Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) en julio, pero él dijo que no.

En la región de Assurini, área rural donde viven aproximadamente 30 mil personas, las familias no saben que están afectadas por la represa, porque hay lugares donde las mediciones del nivel del agua del proyecto no han sido realizadas.

El MAB considera que los derechos de los pueblos, incluso el derecho a decir NO, deberían ir antes del inicio de la construcción de una obra tan compleja. Por lo tanto, sostiene que la cuestión de reanudar o no las obras de Belo Monte debe ser tratada solamente después que las empresas cumplan todas las obligaciones previstas y reparen los inmensos perjuicios ya causados al Xingú, al pueblo y a la Amazonía.

Fuente: MAB/Alba-NP

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