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El 13 de agosto de este año, de forma inesperada, el Gobierno chileno retiró la suma urgencia al proyecto que busca fortalecer el resguardo del orden público, planteado en 2011 en pleno auge del conflicto estudiantil.

A menos de dos meses de esa decisión, La Moneda repondrá este martes dicho carácter, confirmaron desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

La polémica radica, ahora, en que el Presidente Piñera haya hecho el anuncio en medio de la cadena nacional del Presupuesto 2013, aun cuando la "Ley Hinzpeter" no requiere de un financiamiento especial para su implementación, según aseguran miembros de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja.

La normativa busca endurecer las penas y aumentar las facultades del Ejecutivo para perseguir a quienes provoquen desórdenes en medio de manifestaciones públicas. Paralizar los servicios, cortar el tránsito, atentar contra la autoridad, dañar la propiedad pública o privada, usar armas, explosivos e incluso tomar establecimientos "con violencia" son sancionados por esta iniciativa con penas de hasta 3 años de cárcel.

Derecha chilena: "La mejor ley"

Desde la derecha defienden el actuar de Piñera en esta materia. "Una de las partidas importantes es la que tiene que ver con la seguridad ciudadana; creo que ahí hay un énfasis y que los presidentes pueden siempre expresar en la oportunidad y forma, como lo quieran, los grandes temas que afectan al país", dijo el presidente de la UDI, partido de la ultraderecha, el diputado Patricio Melero.

Más enfático fue el senador de Renovación Nacional Alberto Espina, para quien la polémica iniciativa es "una de las mejores leyes que se puede dictar en nuestro país".

Críticas a la ley

Durante los meses siguientes al anuncio de esta Ley, catalogada como fascista por las organizaciones sociales chilenas, se han realizado masivas manifestaciones en rechazo a la normativa.

Se acusa al gobierno de violar por medio de esta Ley la propia Constitución al limitar los derechos de las personas a manifestarse.

Estudiantes, trabajadores, ecologistas y el propio Instituto Nacional de los Derechos Humanos han criticado al gobierno por "criminalizar la protesta social", por medio de esta nueva Ley, que cuenta con apoyo no solo de la ultraderecha chilena, sino que también de sectores de la propia Concertación de Partidos por la Democracia, ubicados en la oposición al gobierno de Piñera, en algunas materias.

Fuente: Cooperativa-Albatv/MCZ