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Por Indira Carpio

Por todos los caminos: Angélica

Venezuela | 24 de marzo de 2018

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En el Comando del CICPC El Vigía. Foto: Marco Teruggi.

Angélica tiene 30 años. Desde los 17 está con Rafael. Para entonces se embarazó y parió a Angelys, que ahora recién entra a la adolescencia. Rafael fue y vino de la finca La Coromoto, donde trabaja como capataz desde hace 20 años, con el doctor Elisaúl Barbosa, el “patrón”, como él lo llama. En la ventolera, cuatro años después, Rafael vuelve a embarazar a Angélica. Ella se queda en casa, cuidando los predios ajenos junto a su marido, pero con la cabeza puesta en una tierrita para sembrar lo propio. Pare a otra niña. La llaman Yeseiliz. Angélica se hace cocinera para ayudar al marido.

A Rafael en los Andes se lo conoce como un hombre que orina en vasenilla, agachado, porque no da machos. Cinco años después, con dos niñas en casa, Angélica vuelve a prender. Esta vez, su ceiba parece dar con el mulo. Pero una carajita los vuelve a sorprender: Estefani Sofía, la llamaron. Si bien esta no había nacido hombre, brinca “como cabra loca”, según el padre. Hace seis meses, volvieron a cosechar a otra niña, a la que mentaron Juana María. La niña no vino como las otras, con un pan bajo ‘el brazo, o eso creyeron.

El mismo mes en que nació Juana María, en septiembre de 2017, les dijeron que podían tener un pedacito de tierra donde sembrar auyama, maíz, yuca, plátano, lo que pudieran, para dar de comer a sus hijas. Como a la mayoría de las familias campesinas y obreras del país, se les ha hecho cuesta arriba mandarlas a la escuela y poder comer en plena crisis económica.

Fueron a reuniones, porque 350 hectáreas de la finca La Magdalena habían sido decretadas ociosas por el Instituto Nacional de Tierras (Inti), el 21 de septiembre de 2017.

Ellos, Los Granado-Palencia, parte de la Cooperativa Bicentenaria, junto a dos asociaciones más -Juventud campesina y Guerreros socialistas- se harían cargo de producir esas tierras, según consta en el folio 2, del documento “Inicio de Rescate Autónomo sobre lote de terreno denominado La Magdalena- Medida Cautelar de Aseguramiento de la tierra”.

El viernes 16 de marzo de 2018, 32 campesinos -entre los que se encontraba Angélica- se juntaron en los terrenos. Presuntamente iban a parcelar. Al sitio llegó la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) El Vigía y la Fiscal 23 de ambiente, de nombre Miriam Briceño, que según el abogado de las cooperativas -Juan Carlos Alviarez- es la que arma el desagravio contra los campesinos, y la 7ma, Geraldine Zambrano, quien lo recibe. Amenazaron con llevarse a los tres líderes, organizadores del rescate. Como acto de solidaridad, los 29 compañeros restantes se montaron en los vehículos tipo convoy de la GNB. Entre ellos, Angélica.

Cuenta Rafael que le pareció insólito que se les acusara de tala y quema, porque no habían hecho cosa alguna. Luego, que por un acto de compañerismo se les imputara por desacato a la autoridad. Otro de los cinco delitos de los que se les acusa y que parece el “más importante”, tiene que ver con estar denunciados por “invasión”. En 2011, el Tribunal Supremo de Justicia desaplicó los artículos 471 y 472 en lo referente a la actividad agraria. Con ello, el delito de invasión no aplica para los campesinos que trabajen tierras ociosas. La medida fue constituida debido a la gran cantidad de campesinos encarcelados por sembrar donde otro no hace nada. Desde entonces, estos casos deben ser tratados por vía administrativa.

Como una constante en el accionar del latifundio en Venezuela, en los últimos años, los cooperativistas fueron acusados de abigeato (robo de ganado), excusa por la que han sido víctimas de sicariato 300 trabajadores del campo , sin contar la cantidad de indígenas asesinados por la misma “razón”, entre ellos Sabino Romero, cacique yukpa, y buena parte de su familia.

Los dueños de La Magdalena, los Celis Aranguren, lo son también de “8 fincas en la región dedicadas a la ganadería, aunque son tierras de categoría 1 y 2, cuyo uso es para agricultura explicó el dirigente campesino Hebert Montilla” a víctor Hugo Majano para La Tabla (https://goo.gl/Hw3U5W). Según el periodista, “el área no es privada sino que es propiedad de la Nación según un documento registrado bajo el número 14, folios 29 al 33, Protocolo 1, Tomo 2, 1er. trimestre de 1972”.

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Fotos de los documentos facilitadas por el abogado Juan Carlos Alviarez.

Angélica lleva siete días encerrada. Al tercero, Rafael no aguantó el llanto de Juana María y se la llevó a las tetas de su madre. Desde entonces, la niña también está presa (*). El 22 de marzo solicitaron medida humanitaria para Angélica y seis adultos mayores (entre los que se encuentra una paciente recientemente operada de un tumor cancerígeno y que lleva dos noches con fiebre, y otro hombre con tuberculosis) y fue rechazada.

Se saltan el precepto constitucional del interés superior del niño según el cual el Estado debe garantizar un desarrollo integral y una vida digna, las condiciones materiales y afectivas, que le permitan al infante vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar (Artículo 78).

Al momento de escribir esta nota, Rafael había dejado a sus otras tres muchachas con su hermana, encargado como está de hacer la comida a Angélica y tratar de resolver la situación. “De haber sabido que iba a pasar todo esto, hubiese preferido seguir pasando hambre, pero tranquilos”, dice. Estefani, de cuatro años, ya no brinca. “Se la pasa llorando por su mamita”, está preocupada porque no llega a casa, explica el papá. Las dos grandes ya no van a la escuela.

Hoy viernes, 23 de marzo, todos saldrían en libertad, pero “la jueza no quiere saber nada del caso, sino darle 45 días, mínimo tras las rejas”. Se supone que con eso “escarmentaremos”.

94% de la tierra de La Magdalena está ociosa, 60% cubierta de paja peluda incapaz de ser digerida por los animales. Sus “dueños” forman parte de una élite académica y económica, capaz de mover los hilos institucionales que hicieran falta para penalizar la actividad agrícola, una actividad descuidada al punto de una crisis alimentaria, y que obliga al gobierno (que la descuida) a importar toneladas de alimentos.

Mucho suelo fértil en Venezuela está en manos de familias que lo han ocupado desde los tiempos post independentistas, y que en los últimos años ha sido abandonado. Recientemente, diferentes arremetidas parecen enfilar todas las armas de estas familias contra pequeños productores y conuqueros, así como contra las formas de asociación que estos osen constituir: una escuela, un centro de reuniones, la propia siembra.

Hay, al parecer una fiebre maderera, impulsada por el propio gobierno. En opinión de Majano, ocurre una “restauración conservadora” de los latifundistas, y la tierra sigue siendo -ahora con mayor ahínco- el objetivo de la clase en poder.

Angélica y Juana María comparten una habitación con otra mujer, acusada de homicidio. Con ella, otra madre y otro lactante están presos por las mismas causas: Alba Márquez y su hijo Kennedy Camacho de un año y medio, a quien su padre lleva durante el día para que la campesina amamante. Las dos madres estarán -por lo menos- durante toda la semana santa en la cárcel, por el delito de sembrar donde le autorizaron apaciguar la pobreza.

El hambre del cuerpo se alivia con teta, o con arepa, el hambre de justicia no. ¿Cuánto cuesta una fiscal? ¿Es más cara una juez?


Tomado de: Desafíos Constituyentes

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