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Preocupa a ONU violencia contra mujeres en Guanajuato

México | 19 de agosto de 2010

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Luego de una visita de dos días por parte de su representante en México, Liliana Valiña, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que en la entidad existen “preocupantes niveles de violencia contra las mujeres, incluyendo la sexual”.

El organismo emitió varias recomendaciones a las autoridades estatales, ante la ausencia de instrumentos y políticas públicas para asegurar los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres en la entidad, así como la falta de garantías para que las procesadas no sufran un trato discriminatorio y prejuicioso.

Y recordó al gobierno panista de Juan Manuel Oliva que estas recomendaciones forman parte de estándares internacionales establecidos y aceptados en los pactos y convenios que México ha suscrito en temas como los derechos humanos y de las mujeres en particular, por lo que “no son meras sugerencias”.

Subrayó que, a diferencia de otras entidades, en Guanajuato la ley para prevenir la violencia “no visibiliza ni atiende las particularidades de la situación de las mujeres que sufren agresiones”.

La representante de la ONU se reunió con el gobernador Oliva Ramírez y otras autoridades estatales, así como con seis mujeres presas en los penales de Guanajuato capital y Valle de Santiago, procesadas y juzgadas por “homicidio en razón de parentesco”, quienes han denunciado que fueron víctimas de procesos injustos, ya que algunas sufrieron abortos espontáneos y se les acusó de “infanticidio”.

Sus denuncias encontraron eco en organizaciones civiles como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Centro Las Libres, que han asumido su defensa y exigido al gobernador y al Poder Judicial del estado la liberación de estas mujeres.

Al presentar sus conclusiones, Valiña recomendó revisar la figura penal del homicidio en razón de parentesco, “con el fin de que no se aplique a casos de distinta naturaleza y se garantice la proporcionalidad de las penas”.

Y expresó el interés del organismo que representa para que “se realice una reflexión sobre los procesos legales emprendidos en contra de María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón y Susana Dueñas Rocha, a fin de que se asegure que, tanto los procedimientos como los principios fundamentales del derecho a la defensa, hayan sido apegados a los estándares internacionales del debido proceso, particularmente el relacionado con el principio de presunción de inocencia”.

Valiña explicó que en esta visita se celebraron reuniones con el gobernador, el procurador Carlos Zamarripa Aguirre; el secretario de Salud, Armando Aguirre Torres, y el procurador de Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Junquera.

Además, se realizaron entrevistas a las mujeres en los centros de readaptación social, con el fin de “dar seguimiento a la situación de los derechos de las mujeres en Guanajuato”, particularmente las garantías del derecho a la no discriminación, una vida libre de violencia y a los derechos sexuales y reproductivos.

Al enfocarse en los temas de la legislación vigente y las políticas públicas en la materia, la ONU advirtió que aunque se cuenta con un marco legal e instituciones estatales que tienen el mandato de impulsar iniciativas enfocadas a los derechos de las mujeres, hay una carencia de aplicación que deriva, entre otras cosas, en los altos niveles de violencia hacia las mujeres.

“La Oficina ha sido informada de investigaciones iniciadas por la Procuraduría estatal, sin embargo desconoce el número de sentencias condenatorias y de reparación que den una respuesta efectiva a las víctimas”.

Por su parte, las autoridades admitieron que existen muchos otros casos de mujeres “que no denuncian haber sido víctimas de violencia sexual por temor o desconfianza en las instituciones”.

También se subrayó el hecho de que aunque la legislación penal de Guanajuato autoriza el aborto en determinadas circunstancias –una de ellas la violación-, “la Oficina ha sido informada de que a la fecha no se tiene registro de ningún caso de aplicación efectiva de esta norma”.

En esta visita, las representantes de ONU también pudieron constatar patrones culturales que motivan la discriminación hacia las mujeres en la entidad y limitan sus derechos sexuales y reproductivos.

Por ello, entre las recomendaciones planteadas figura una dirigida al sistema de justicia, a fin de que éste desarrolle mecanismos para garantizar un trato no discriminatorio y prejuicioso contra las mujeres.

Se trata, precisó la ONU, “de evitar acusaciones inadecuadas por los delitos de aborto u homicidio en razón de parentesco”, así como otra recomendación dirigida al propio gobernador Oliva Ramírez para que establezca un sistema de indicadores que midan la eficaz procuración de justicia y el seguimiento a políticas públicas “enfocadas a garantizar los derechos de las mujeres en el estado”.

Finalmente, Valiña señaló que estas conclusiones y recomendaciones son enviadas de manera formal a las autoridades estatales, y que la ONU “les dará seguimiento”.

Fuente: Proceso http://www.proceso.com.mx

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