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Por María Alejandra Díaz | Constituyente

Privatizar para salvarnos

27 de mayo de 2019

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Por María Alejandra Díaz | Constituyente

La privatización como axioma de más eficiencia y como asignador óptimo de recursos frente a lo público, se encuentra de vuelta en Venezuela. Y resulta curioso pues constitucionalmente este impasse estaba saldado: modelo mixto que no niega ninguna forma de propiedad -incluida la privada- mientras el Estado se reserva el derecho último sobre los recursos naturales.

La condición de propietario soberano de la renta está siendo desensamblada por agentes globalistas internos y externos utilizando premisas liberales: superioridad tecnocrática de la libre empresa, ética y epistémica de los capitalistas, sobre el malogrado Estado Social -supuesto mal administrador de activos- atacando nuestra condición jurídica y geopolítica singular amarrada a la soberanía sobre los recursos. Somos dueños y los amos del mundo no nos lo perdonan.

Para los liberales la privatización se da en un ambiente económico propicio: propiedad privada en desmedro de cualquier otra, sistema fiscal benévolo y una legalidad que garantice y proteja el valor de los nuevos dueños de la economía que responden a las fuerzas del mercado.

Los anglosionistas posicionan supuestos males: ingreso petrolero amarrado al gasto público petrolero (rentismo), crisis de la abundancia y la enfermedad holandesa (sobre el tipo de cambio). Contribuyen además la merma de la producción petrolera, con dos objetivos: quitarle potencia al Estado Social y de Justicia y justificar el cambio del modelo de desarrollo alternativo, opuesto a la globalización neoliberal.

Globalistas internos satanizan la renta y nuestra condición de Estado terrateniente petrolero: Los ingresos provenientes de la producción y exportación del petróleo no son el resultado del trabajo productivo (A. Baptista) tratando de convencernos con renunciar a éstos en favor del capital internacional, convirtiéndonos en simples recaudadores de impuestos.

Insisten en el dilema entre impuesto o renta: apertura a inversiones, privatización y cobro de impuestos cumpliendo con lo mínimo social, mientras colocan la renta como obstrucción al desarrollo y diversificación obviando la falta de control en la entrega de divisas y un sistema de justicia probo. No se puede ser terrateniente petrolero según la Ley Bolivariana de minas de 1829 y antirentistas a la vez. Es una contradicción en sí misma.

Negar nuestra condición de propietario soberano de la tierra y la renta, secando los recursos que la sustentan para cumplir con sus fines, pone en peligro la Constitución garantista y en consecuencia deben activarse los dispositivos de autoprotección constitucional para evitar la captura total del planeta y de lo humano: resistirnos a los planes privatizadores infértiles y negadores de nuestra soberanía, es defender al Pueblo, la Constitución y a Chávez.

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