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La activida fue convocada por el COPINH

Protestas en todo el mundo piden justicia para Berta Cáceres

Honduras | 16 de junio de 2016

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Mujer, defensora del medio ambiente y líder indígena. Berta Cáceres es la quinta víctima mortal por oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en una comunidad al suroeste de Honduras. Dos semanas después, otro miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Nelson García, fue asesinado. No son casos aislados.

Según el último informe de la ONG Global Witness, Honduras es el país más peligroso del mundo para defender el medio ambiente: 101 ecologistas han sido asesinados entre 2010 y 2014. El país tiene uno de los mayores niveles de desigualdad y pobreza de Latinoamérica, y es el séptimo del mundo con mayor impunidad, tal y como indica el IGI 2015 (Índice Global de Impunidad).

El COPINH convocó el 15 de junio concentraciones en todas las embajadas del mundo para reclamar justicia para Cáceres. Piden la creación de una comisión independiente de investigación amparada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para buscar los autores intelectuales del crimen. La protesta también reivindica el respeto a la autonomía del pueblo lenca, la desmilitarización del territorio y la finalización del proyecto Agua Zarca mediante la suspensión permanente de fondos de todos los inversores, entre los que se encuentran los bancos europeos FMO (Banco Holandés de Desarrollo) y FINNFUND (Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial) y las empresas alemanas Voith Hydro y Siemens.

“No les bastó con asesinar a Berta Cáceres, quieren acabar con todos los que queremos impedir la entrada de las transnacionales extractivas”, denuncia el coordinador de COPINH, Tomás Gómez Membreño, y apunta que la zona cercana a la represa se encuentra militarizada por guardias de seguridad privados contratados por la empresa Desarrollos Energéticos (DESA). Gómez confirma que los sicarios tienen una lista encabezada por Berta Cáceres, miembros del COPINH y otros miembros de la comunidad, donde cada uno tiene un precio. “Cinco compañeros ya han sido asesinados, queman nuestras casas, muchos tienen que huir forzosamente, pero no tenemos miedo, seguiremos protestando”, asegura. Por su parte, DESA niega su vinculación con la muerte de la activista.

Las amenazas, violencia y criminalización contra defensores del medio ambiente son constantes en la comunidad desde que se instaló el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, dado en concesión tras el golpe de Estado en 2009. Ante la represa, el COPINH reivindica la defensa de su territorio y de los recursos naturales frente a políticas de privatización. También denuncia que Agua Zarca es ilegal e ilegítimo porque viola el Derecho de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado del Pueblo Lenca y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha constatado las amenazas y la implicación en los asesinatos por parte de la empresa DESA, pero el Gobierno de Honduras no ha implementado las medidas de protección ordenadas ni ha aceptado investigaciones independientes. “Las autoridades hondureñas dicen una cosa y hacen otra. Nos han dicho que están decididas a encontrar a los responsables de la muerte de Berta Cáceres, pero no han seguido las líneas de investigación más básicas”, declara Erika Guevara-Rosas en un comunicado de Amnistía Internacional. Del mismo modo, un grupo de expertos de las Naciones Unidas ha exigido al Estado que garantice la seguridad y la protección de todos los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos.

Los intereses de las empresas privadas de las llamadas energías limpias chocan con los de la población indígena lenca, que convive con las violaciones de derechos humanos y la impunidad. Desde el golpe de Estado, aproximadamente el 35% de Honduras ha sido dado en concesión a empresas privadas para realizar proyectos mineros e hidroeléctricos, de los cuales 50 se encuentran en territorio lenca.

El papel de militares y empresas de seguridad privada

Esta semana el coordinador del COPINH, Tomás Gómez Membreño, se ha reunido con el senador federal Dick Durbin en Chicago con el fin de exigir que EE UU deje de financiar al Ejército y Policía de Honduras, ya que “no se encargan de la seguridad del país, sino de velar por los intereses de grandes proyectos de capitales extranjeros, son servidores de las multinacionales”.

De hecho, entre los detenidos en mayo por el asesinato de Cáceres se encuentran Douglas Geovanny Bustillo, militar retirado y exjefe de seguridad de DESA, Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño y jefe de la policía militar y Edilson Duarte Meza, un oficial retirado. Otro de los detenidos es Sergio Rodriguez, gerente de la empresa DESA contra la que Cáceres puso 33 denuncias por amenazas.

En el país existen 700 empresas de seguridad privada y la mayoría pertenecen a antiguos altos cargos de la Policía o el Ejército. En cuanto a números, hay cinco veces más guardias de seguridad privados que policías, tal y como apunta la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR).


Fuente: Diagonal

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