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Por Pablo Siris Seade

Reconocimiento de la ONU a Venezuela por su compromiso en materia de derechos humanos

Venezuela | 24 de marzo de 2017

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Mientras el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha desatado una obsesiva lucha en contra del gobierno legítimo y el pueblo de Venezuela por supuestas violaciones a los derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) -por amplísima mayoría- acaba de reconocer el compromiso del Estado venezolano en el cumplimiento de los mismos en la culminación del Examen Periódico Universal (EPU) que concluyó esta misma semana.

¿Qué es el EPU?

El CDH de la ONU sustituyó a la antigua Comisión de Derechos Humanos del organismo internacional, ya que éste organismo fue criticado por su parcialidad a la hora de juzgar el cumplimiento de los diversos Estados en materia de derechos humanos.

El EPU es un mecanismo establecido por el CDH que periódicamente (cada cuatro años y medio) examina la situación de los derechos humanos en los 193 estados miembros de la ONU.

El EPU valora la actuación de los 193 países que integran dicha organización y participan también de sus debates las agencias y los organismos internacionales competentes en la materia, así como también organizaciones de la sociedad civil.

A partir del 1° de noviembre de 2016 Venezuela fue examinada por segunda vez (la primera fue en 2011) y el examen comprendió todas las materias pendientes en derechos humanos desde el 2011 hasta 2016.

El examen midió la disposición y compromiso de Venezuela con los derechos humanos, evaluando la aplicación y cumplimiento nacional de las normas internacionales y estándares correspondientes.

Particularmente, se verificó la implementación de recomendaciones recibidas del ciclo anterior (2011) y las emitidas por los órganos de la ONU en revisiones de cumplimiento de los tratados internacionales que garantizan los derechos humanos.

El EPU es el mismo para todos los países, ya que los derechos humanos son también los mismos en todo el mundo, independientemente de los sistemas políticos, económicos y culturales vigentes en cada país. Todos los países son examinados de la misma manera y los Estados aceptan el escrutinio internacional de la protección de estos derechos correspondiente a cada país.

El EPU se basa en documentación aportada por el Estado examinado, la revisada por los sistemas de protección de derechos humanos y la presentada por los organismos de la sociedad civil.

Venezuela aprobó el examen

En el comunicado emitido por la Cancillería venezolana el pasado 18 de marzo en referencia al EPU Venezuela 2016, que había concluido el día 16 del mismo mes, se señalaba:

“Venezuela resalta el amplio reconocimiento recibido por la contundente mayoría de los 193 Estados Miembros de la ONU que participan en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la presentación del Segundo Informe del Examen Periódico Universal (EPU) (...)

Venezuela sostuvo un diálogo interactivo con 102 países que realizaron 274 recomendaciones a nuestro país, de las cuales Venezuela aceptó el 70% de las mismas, en el marco de la cooperación respetuosa y el diálogo genuino entre los países. (...)

El Estado venezolano ha asumido, además, veinticuatro (24) compromisos voluntarios, que demuestran la férrea decisión que tiene Venezuela con la promoción, garantía, cumplimiento y respeto de los derechos humanos, que serán revisados en el III Ciclo del EPU en octubre de 2021.

La República Bolivariana de Venezuela celebra nuestro informe y el reconocimiento amplio de los Estados Miembros de este Consejo de la ONU a nuestros avances y progresos en derechos humanos, así como reafirma nuestro compromiso para seguir cooperando con los mecanismos del Sistema de las Naciones Unidas, teniendo como base fundamental el respeto a la soberanía de los Estados, la libre determinación de los pueblos, el principio de no utilización política de los derechos humanos y el derecho a vivir en paz para la plena realización de los derechos de nuestro pueblo.”

Venezuela ya había sido reconocida en materia de la defensa de los derechos humanos por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2016 con su incorporación (a través de la elección ampliamente mayoritaria de los países integrantes de la ONU) al grupo de 47 países que integran el CDH, para lo cual ha adoptado una serie de compromisos en este ámbito que incluyen la creación de un Consejo Nacional de Derechos Humanos, integrado con la más amplia representación del Estado y la sociedad civil con el objeto de garantizar el cumplimiento de los mismos.

Este Consejo Nacional de Derechos Humanos, en la más amplia consulta pública, elaboró el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019 (que puede consultarse en http://consejoderechoshumanos.gob.ve/wp-content/uploads/2015/07/plan_Nacional_Derechos_Humanos.pdf) que colocan a Venezuela dentro de la vanguardia mundial de los países que -como decía el Libertador Simón Bolívar- buscan brindar a sus pueblos “la mayor suma de felicidad posible”.

En el comunicado de la Cancillería mencionado más arriba se señalaba también que a paesar “de la guerra no convencional contra nuestra Patria, mediante agresiones multiformes a su economía y contra nuestra población, el gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros ha logrado preservar, junto al pueblo venezolano, el modelo irreversible de Derechos Humanos de la Revolución Bolivariana, avanzando en las plenas garantías y promoción de los derechos humanos para el Buen Vivir”.

Y es que el Gobierno Bolivariano de Venezuela no ha parado de construir viviendas para los sectores más empobrecidos de la sociedad, ni de ampliar la red de asistencia médica, ni de implementar los esfuerzos necesarios para lograr la mayor matrícula educativa de todos los tiempos en el país.

Especialmente, en el último período, ante la despiadada guerra económica implementada desde dentro y fuera de fronteras por los sectores más radicales de la burguesía local, parasitaria del rentismo petrolero, y sus aliados entre los “halcones de la guerra” imperiales, el Gobierno Bolivariano ha desarrollado en conjunto con el pueblo organizado un novedoso mecanismo para llevar alimentos a cada familia venezolana.

Ya más del 50% de las familias venezolanas reciben alimentos de los CLAP (Consejos Locales de Abastecimiento Producción) y nuvas formas de producción asociativa y autogestionaria de alimentos surgen a lo largo y ancho del país.

El esfuerzo continuará, porque ese es uno de los principales legados y compromisos de la Revolución Bolivariana: la atención de los sectores históricamente excluidos por los gobiernos que solamente buscaban garantizar la apropiación de la renta petrolera por parte de un pequeño núcleo de personas constituidas en una nueva oligarquía aristócrata.

Una conclusión exitosa

La ministra del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, Iris Varela, en la intervención final realizada por el Estado venezolano para el EPU 2016 señaló:

“Satisfactorio es concluir el día de hoy, de manera exitosa este importante examen, tanto en materia de cumplimiento de las obligaciones internacionales de nuestro país, como de participación popular de nuestro pueblo, conjuntamente con las Instituciones del Estado responsables de nuestro segundo EPU.

Venezuela es un país comprometido de manera irrenunciable con la justicia social, la profundización de la democracia y la efectiva realización de los derechos humanos de manera integral.

El EPU ha sido una gran oportunidad para poner en práctica, de manera ambiciosa y profunda, los extraordinarios mecanismos políticos e institucionales que prevé nuestra Constitución, para garantizar el disfrute universal de todos los derechos humanos del pueblo venezolano.

Venezuela avanza en su democratización política, económica, social y cultural, a pesar de las presiones internas y externas, expresadas en actos de sabotaje desestabilizadores y acciones que rayan en el terrorismo.

La democratización en Venezuela es irreversible. Nuestro país ha transitado desde el Estado autoritario y oligárquico del pasado, a un Estado democrático y popular. Las transformaciones hacia la justicia social, en un marco de libertades democráticas se profundizan, a pesar de la guerra económica que factores internos y foráneos han desatado en contra de nuestro pueblo.

Sólo en un Estado de esta naturaleza, instituido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como un Estado Social de Derecho y de Justicia, se pueden lograr los grandes avances en materia de realización de todos los derechos humanos.”

Que nadie dude de que así seguirá siendo.


Fuente: Blog Caja de Respuestas

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