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Impugnadas las elecciones para garantizar participación

Secuestrada la democracia en la Universidad Central de Venezuela

Venezuela | 16 de febrero de 2017

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Hoy que conmemoramos 32 años de la desaparición física de Alí Primera, observamos que la actualidad en la Universidad Central de Venezuela (UCV) dista mucho de aquellos años en los que el cantor del pueblo junto a otros y otras camaradas hacían de este campus universitario un bastión de la izquierda. Hoy la UCV es un reducto de los factores más reaccionarios de la derecha venezolana, encabezados por la rectora Cecilia García quien ha secuestrado la democracia universitaria instalándose en lo que hoy pareciera su pequeño feudo.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) establece en su artículo 34 que la autonomía se ejercerá mediante las siguientes funciones:

Numeral 3: “Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero, y los y las egresadas de acuerdo al reglamento. Se elegirá un consejo contralor conformado por los y las integrantes de la comunidad universitaria”.

Sin embargo en la UCV la última vez que iniciaron el proceso electoral para definir las autoridades fue en 2011, hace ya 6 años. Pretendían hacer caso omiso a la LOE y desarrollarlo bajo la lógica que les ha permitido atornillarse en los espacios de toma de decisión. Esa dinámica anacrónica que defiende la rectora Cecilia García establece que el voto de un profesor equivale a 40 votos de estudiantes y el resto de la comunidad universitaria no puede participar de las elecciones.

Ante tal escenario la comunidad universitaria interpuso un recurso contencioso al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en mayo del 2011 “… por razones de inconstitucionalidad al negar la inclusión de los miembros de la Comunidad Universitaria en la condición de profesores instructores, jubilados y contratados, empleados administrativos y obreros al Registro Electoral conformado para la elección de candidatos a Decanos y miembros del Consejo de Apelaciones; así como negar la inclusión en condiciones de participación paritaria de los estudiantes en el mismo proceso…”. Es decir se exige que se incluya a toda la comunidad universitaria en el proceso electoral y que todos los votos tengan la misma validez sin segregación.

El pronunciamiento del TSJ emitido ese mismo año ordenó a la referida Comisión Electoral suspender cualquier proceso electoral pautado, hasta tanto no se dicte el nuevo Reglamento de Elecciones Universitarias el cual deberá: "… permitir la participación de todos los integrantes de la comunidad universitaria (profesores -independientemente de su condición y categoría-, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y egresados) en los procesos de elección y nombramiento de las autoridades universitarias de la Universidad Central de Venezuela, enunciadas en el artículo 34 numeral 3 de la Ley Orgánica de Educación, e, igualmente, garantizar su participación" plena " y en "igualdad de condiciones", como lo ordena esa Ley Orgánica.

Seis años luego de este pronunciamiento sigue sin dictarse el nuevo Reglamento de Elecciones Universitarias, Cecilia García acumula ya el doble de años que debió estar al frente del rectorado en la UCV, además con un balance de gestión nefasto: más de 9 meses de paro intermitente, 2 cohortes académicas retrasadas debido a los paros profesorales, 16 meses sin servicio de comedor, 24 meses sin aumento de las becas; y la acción más reciente implica el no cumplimiento del cronograma electoral para las elecciones estudiantiles, coartando la posibilidad de que los nuevos estudiantes y varios candidatos pudieran inscribirse en el Registro Electoral, en un intento más de evitar la participación protagónica y la democracia universitaria.

Ante esta nueva arbitrariedad voceros del movimiento estudiantil y de los trabajadores, se trasladaron antes el TSJ para impugnar el proceso y solicitar se reconvoquen las elecciones, una vez se respete el derecho de toda la comunidad universitaria a participar democráticamente.


JC/AlbaTv/2017

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