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¿Shock de precios como medida “antiinflacionaria”?

Venezuela | 27 de septiembre de 2017

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En economía, como en todas las áreas de la vida, no siempre lo que funciona para resolver algo es lo más recomendable, por más efectivo que sea. Aprovechemos el comienzo del período escolar para explicarlo con un ejemplo no económico –aunque tiene implicaciones económicas– que cualquiera puede entender.

Todo el mundo sabe que en ciudades como Caracas el tráfico aumenta cuando comienzan las clases escolares y mejoran cuando estas cesan. Lo que hace que más de uno se lamente cuando, por ejemplo, llega septiembre, o se alegre después del 15 de diciembre, en agosto o en la primera semana de enero. Desde el punto de vista lógico tiene todo el sentido del mundo. Y es que en efecto –con las clases se multiplica el tiempo que pasamos en colas y sin ellas se reduce– se traduce en mayor tiempo para descansar, compartir con la familia, menos desgaste físico y otro sinfín de aspectos positivos.

Así las cosas, supongamos que la alcaldía de una ciudad contrata un equipo consultor experto en materia de vialidad, para que busque soluciones al problema del tráfico. Y luego de una serie de mediciones, encuestas, etc., dicho equipo concluye que la causa de las colas y los retardos son las clases escolares, de manera que su recomendación es eliminar las escuelas. Esta solución también ayudaría a resolver otra serie de problemas, como el siempre estigmatizado “gasto” público, a la vez que daría a las personas la posibilidad de contar con mayor tiempo libre y de calidad para compartir con los suyos, por lo cual se supone serían más felices.

Ahora bien, ¿por qué esta solución que luce tan racional y científica, que cuenta incluso con evidencia empírica que la respalda, sería rechazada hasta por aquellos que se lamentan cuando los niños y niñas comienzan clases? Pues por una razón muy simple que cualquiera capta: el costo asociado a dicha “solución” es muy alto, y, en tal virtud, no puede considerarse bajo ningún sentido. De hecho, suponiendo inclusive que sea verdad que las clases escolares son la única causa de las colas –descartando todas las otras, como estrechez de las vías, mal estado de los semáforo, huecos, mala planificación urbana, etc.– ni siquiera así tal propuesta sería viable, y estaríamos dispuestos a asumir –como de hecho hacemos– el costo de la cola a la espera de una mejor y realista solución a sabiendas de que el costo de la no-cola propuesto por los expertos sería peor y toda la felicidad esperada una mera ilusión.

Pues bien, algo similar ocurre con la conocida recomendación según la cual la mejor manera de parar una corrida inflacionaria y solucionar la escasez es causar un aumento tal de precios que la población deje de comprar. Es lo que en la jerga económica se conoce como un shock de precios. Como en el caso del ejemplo anterior, tiene todo el sentido del mundo la cosa: si los precios se disparan mientras los salarios se quedan congelados, el poder adquisitivo de la población se disminuye, por ende la demanda agregada, y por tanto las ventas. Al la gente comprar menos, los precios se detienen o ralentizan su crecimiento, y en efecto, la inflación se frena, lo que de paso ayuda a mejorar el abastecimiento, pues si la gente compra menos las mercancías en los mostradores duran más.

Existen ejemplos que pueden citarse en apoyo de esta fórmula “ganadora” de lucha contra la inflación. Vamos con uno criollo: el de Caldera en 1996. Dicho año fue el de la aplicación de la llamada Agenda Venezuela, la segunda aplicación de medidas neoliberales –las primeras fueron las de Carlos Andrés Pérez en 1989– avaladas por el FMI, el Banco Mundial y celebradas por todos los expertos. Entre esas medidas estuvo la liberación/unificación del tipo de cambio y la eliminación del control de precios, todo lo cual se acompañó con un congelamiento salarial y una ola de despidos. Como consecuencia, ese año (1996) la inflación casi se duplicó con respecto al anterior, pasando de 56% a un 103,2% (ese fue el shock de precios). Sin embargo, al año siguiente (1997) bajó a 37,6%, lo que desde el punto de vista de un plan antiinflacionario resultó todo un éxito.

El problema es que dicho “éxito” se consiguió asumiendo el costo de poner a pasar hambre al 80% de la población y el cierre de muchas empresas pequeñas y medianas, dada, precisamente, la caída del consumo. O lo que es igual: aquello que fue el secreto del éxito antiinflacionario –ajustar dramáticamente el consumo de la población– fue a su vez la causa de una severa contracción económica y una expansión sin precedentes de la pobreza. Todas esas historias de la gente comiendo comida de perros y niños tomando agua de pasta en vez de tetero datan de esa época. No está de más recordar que el costo que tuvo que pagar la clase política de entonces, independientemente de todas las explicaciones ofrecidas, fue dejar el poder: al año siguiente, 1998, montado sobre la ola del malestar social causado por el ajuste, Hugo Chávez le sacó casi 17 puntos de ventaja a su más cercano contrincante.

De tal suerte, la próxima vez que escuche a alguien dando esta recomendación y le parezca sensata, le recomendamos pensarla dos veces y calcular si el precio que tendrá que pagar por ello no será, después de todo, más escandaloso.


Publicado originalmente en 15 y último el 25 de septiembre de 2017

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