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A la espera de mediación para evitar procesamiento

Sin resolver aún caso de ocho comuneros judicializados

Venezuela | 7 de abril de 2017

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Continúa la lucha de la Comuna Minas de Buría en el estado Yaracuy por la permanencia y la producción agrícola en tierras que han habitado desde hace varias generaciones. El pasado 30 de marzo expusimos en el artículo Comuneros de Yaracuy en lucha contra el desalojo de sus tierras cómo a partir de la emisión del decreto regional 3203, han venido siendo víctimas de persecución y judicialización campesinos y campesinas de la mencionada Comuna.

El viernes 31 de marzo iban a ser presentados en un tribunal penal - aunque el procedimiento adecuado es que estos casos sean tratados en un tribunal agrario - los compañeros Emilio Páez, Luis José Hernández, Luis Alonzo Márquez, Franyely Guedez, Johnny Salas, Italo Guedez (60 años de edad), Rafael Burgos (62) y Luis Hernández (65), sin embargo, a solicitud de los abogados que acompañan la causa de los y las comuneras, la audiencia se aplaza ya que estos compatriotas no pueden ser procesados sin que previamente se haga la debida inspección del terreno en disputa por una comisión de la Fiscalía y el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, procedimiento que aún no cumplen las instituciones.

María Cristina Martínez, vocera de la Comuna quien ha sido amenazada de muerte por el acompañamiento y denuncia que viene haciendo del caso, indicó que luego de la suspensión de la audiencia, representantes del Ministerio de Ecosocialismo y Agua, le aseguraron que se comunicarían con funcionarios de la Fiscalía, antes del 28 de abril (fecha para la que se agendó la audiencia de los comuneros) a fin de buscarle una solución al conflicto que no incluya procesar judicialmente a los y las campesinas señaladas como delincuentes por permanecer y cultivar las tierras.

Martínez además indica que recientemente corroboraron en el terreno que las poligonales de los predios en los que habitan los y las campesinas señaladas, no están dentro de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), por lo que han convocado a los representantes del Instituto Nacional de Tierras (INTI) regional a una reunión este lunes 10 de abril para asesorarse en la material.

De confirmarse que los terrenos en cuestión no están bajo resguardo de las ABRAE, es el INTI quién debe asumir el caso y no el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, informó, María Cristina.

Con la participación activa y consecuente de los y las comuneras, como ha venido siendo hasta ahora, sumado a las reuniones y acuerdos que deben surgir entre la Dirección de Ecosocialismo y Agua de la Gobernación de Yaracuy (ente que impulsa la acusación contra los comuneros), el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, la Fiscalía y el INTI, debe emerger la respuesta definitiva que solucione este conflicto y permita a los comuneros continuar desarrollando la producción de alimentos.

Este conflicto debe llamar a la reflexión de los funcionarios y las autoridades que dirigen los organismo involucrados, crados para la promoción del Poder Popular. Ya que desde estas experiencias de empoderamiento, se da respuesta a una necesidad sentida de la nación en materia alimentaria; en un contexto de asedió nacional e internacional contra la Revolución Bolivariana y donde los alimentos han sido utilizados como armas de guerra.


JC/AlbaTv/2017

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