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Por Abg. Omar Menjivar Rosales

Sobre Los Guaraguao y la decisión de la dictadura cachureca de negarles su ingreso a Honduras

Honduras | 17 de noviembre de 2017

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Foto: Archivo.

En primer lugar el artículo 31 de la Constitución de la República establece que los extranjeros tienen exactamente los mismos derechos que lo/as nacionales de Honduras, con excepción de las restricciones establecidas por la ley, motivadas en razones calificadas de orden público y/o seguridad nacional.

Uno de los derechos reconocidos a lo/as hondureño/as es el del "debido proceso legal", establecido en el artículo 90 de la Constitución. Por ende es un derecho igualmente reconocido a las personas extranjeras, como, para el caso, los integrantes del grupo Los Guaraguao.

El debido proceso legal, es un complejo y a la vez simple conjunto de derechos, garantías y formalidades que debe ser observado y respetado a plenitud en todo proceso que derive o pueda derivar en restricción de Derechos fundamentales. Un derecho que integra y constituye el Centro neurálgico del conjunto del debido proceso, es el derecho de defensa (artículo 82 de la Constitución) y este implica, entre otros aspectos para su realización efectiva, la posibilidad de recurrir resoluciones que afecten derechos fundamentales (como el de ingresar y salir libremente del país - artículo 81 CR-)

Pero para poder recurrir, antes el o la afectada, debe conocer la resolución escrita y motivada, que la autoridad que pretende restringir el derecho, haya emitido. Obviamente una de las formalidades que deben respetarse en un debido proceso, es que las resoluciones deben ser por escrito; nunca verbales, y, además deben ser debidamente motivadas y fundadas en criterios de racionalidad, necesidad y proporcionalidad. Nunca puede ser una resolución arbitraria.

Es entendido que para ejercer eficazmente el derecho de defensa, la persona afectada debe ser asistida por un abogado o abogada de su elección, que garantice el ejercicio técnico y profesional de ese derecho.

En el caso concreto de los Guaraguao, tal como aparece hasta ahora, la decisión de impedirles la entrada al país, resulta arbitraria y no fundada en motivos calificados de seguridad nacional u orden público, por lo tanto la decisión evidentemente constituye un acto de discriminación por razones políticas, lo cual es inadmisible en un estado democrático y de derecho y por ello el artículo 60 de la Constitución de la República, prohíbe la discriminación, declarándola punible.

Los anteriores pueden ser apuntes para un amparo. Dunia Aracely Pérez, Joaquín A Mejía R, Ramón Enrique Barrios, Brenda Mejía.

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