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Retroceden políticas de protección ambiental

Terratenientes amenazan renacimiento indígena en Brasil

Brasil | 17 de mayo de 2017

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El ataque que hirió a tiros y machetazos por lo menos a 10 indígenas del pueblo Gamela, en el nororiental estado de Maranhão, puso los focos sobre el agravamiento de las amenazas al renacimiento y la sobrevivencia de los pueblos originarios de Brasil, con el antecedente del pasado 30 de abril donde decenas de hombres armados embistieron contra los indígenas que ocupaban una hacienda en el municipio de Viana, que reclaman como una tierra que les pertenece, donde vivían sus ancestros.

Dos herido,s casi les mutilan las manos con profundos cortes. La batalla unilateral recuerda las masacres que diezmaron la población originaria de Brasil durante cinco siglos, pero es solo la parte más brutal de una ofensiva que despliegan en múltiples frentes los hacendados que consideran excesivas las tierras destinadas a los indígenas.

Para Marcio Santilli, socio fundador del no gubernamental Instituto Socioambiental, (ISA) y expresidente de la Fundación Nacional del Indígena (Funai), órgano estatal de protección de los derechos de esa población, “es el peor momento de la política indigenista desde la dictadura militar (1964-1985)”.

Aseveró que el gobierno del presidente Michel Temer, en el cargo desde mayo de 2016, está promoviendo un “retroceso sin precedentes en todo el sistema de protección ambiental, de poblaciones tradicionales y de los trabajadores del campo”, acusaron el ISA y otras 59 organizaciones no gubernamentales en una “carta pública” divulgada el 9 de mayo.

La ofensiva comprende el recorte este año de 55 por ciento del presupuesto de la Funai, la entrega de su presidencia a un general de Ejército, Franklimberg de Freitas, y medidas legislativas que buscan anular el derecho indígena a “tierras tradicionalmente ocupadas”, reconocido en la Constitución brasileña.

Una enmienda constitucional, en trámite desde el año 2000, pretende transferir al legislativo Congreso Nacional la decisión final sobre la demarcación de las tierras indígenas, hasta ahora una función del Poder Ejecutivo. Su aprobación obstaculizaría el proceso de demarcaciones que impulsó la Constitución de 1988, ya que el parlamento es tradicionalmente conservador y actualmente está dominado por el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), radicalmente contrario a atribuir más tierra a los indígenas.

Ese bloque multipartidista, también llamado “bancada ruralista”, reúne 257 diputados, la mitad de su Cámara, y 16 senadores, una quinta parte del Senado, según el Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria.

“El presidente Temer, muy impopular, es rehén del Congreso y débil ante presiones de los parlamentarios”, evaluó Santilli a IPS, para justificar sus temores con las iniciativas del gobierno, cuyo mandato concluye el primer día de 2019.


ERU/AlbaTv/2017
Fuente: IPS

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