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En la guerra contra las drogas, la política de prohibición ha fracasado

Uruguay y la legalización de la marihuana: un golpe al narcotráfico

Uruguay | 31 de agosto de 2012

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El Gobierno uruguayo ha decidido tomar las riendas de la guerra contra las drogas rompiendo con los esquemas convencionales impuestos desde la década de los setenta por los Estados Unidos y que se basan en la prohibición.


En conversación con análisis365, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Julio Calzada, explicó la idea del proyecto de ley enviado por el Gobierno uruguayo al Parlamento que busca despenalizar la marihuana y que el Estado controle la producción, distribución y comercialización. Calzada contó también la novedad de la propuesta frente a otras formas de legalizar la marihuana que hay hoy en el mundo, y es que pretende asumir el control de toda la cadena de producción de la marihuana, necesario para atacar al narcotráfico, que es el objetivo último de la medida.

Calzada insistió en que lo que pretende Uruguay con esto es pensar en el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos, aunque comprendió que surjan repercusiones en el exterior si se aprueba la ley.

A365: ¿Cuál es la importancia del tema de la prohibición o legalización de las drogas? ¿Porque hace parte del centro del debate no sólo en Uruguay, sino en el resto de los países de América Latina?

J.C.: Esta iniciativa política del poder ejecutivo, del presidente de la República José Mujica, de la Junta Nacional Drogas, tiene que ver con un debate importante que se viene dando a nivel regional en América Latina y a nivel mundial también en relación a la necesaria modificación de las políticas sobre droga. Esta discusión se inició hace ya varios años, había dos iniciativas parlamentarias que planteaban distintas modalidades de avanzar en una modificación de estas políticas regulando el cultivo para uso personal y se da la iniciativa del poder ejecutivo en el marco de un agravamiento de los temas vinculados a la seguridad ciudadana. Donde el cambio cualitativo de ciertos tipos de delitos se comienza a dar en el Uruguay.

Nuestro país no conocía aspectos como el sicariato, el ajuste de cuentas, el pagar para realizar asesinatos, eso es algo que se está dando en los últimos tres o cuatro años. Apercibidos de que esto estaba pasando en el país, que había nuevas modalidades delictivas, criminales, comenzamos a hacer un análisis profundo de cuáles eran las causas de estas modalidades. Las consecuencias las sabemos que es una mayor aprensión por parte de toda la sociedad, que tiene que ver con cómo vive la sociedad uruguaya con esta nueva forma de violencia.

El objetivo de esta iniciativa está centrado básicamente en dos aspectos. Uno darle un golpe frontal al narcotráfico arrebatándole un mercado muy importante en término de emisiones de dólares. Sabemos que es entre 30 y 40 millones de dólares el mercado que tiene el narcotráfico controlado por el consumo de cannabis. Por otra parte el cannabis, la marihuana, es una sustancia que en términos de riesgos podemos compararla con los riesgos que tiene el uso del alcohol en sus diferentes variantes. Por lo tanto desde una perspectiva de análisis de riesgo, lo que hicimos fue apuntar a una forma de regulación del Estado que nos permita como gobierno regular y controlar un mercado que hoy está totalmente desregulado. El mercado del cannabis en Uruguay tiene un sistema de control de la oferta que es muy efectivo en algunos casos, en el caso de la marihuana, ingresa al país para consumo personal, no como una ruta para la exportación de la droga. Como parte de este ingreso de marihuana para consumo local en el 2011 decomisamos 2 mil kilos, que es un 10% del total del mercado estimado de consumo en el Uruguay. Eso fue muy exitoso teniendo en cuenta que la media mundial de incautación está entre el 3 y el 5%, en Uruguay llegamos al 10%. Con todo ese éxito, solamente podemos llegar a controlar el 10% del mercado total. Con estas nuevas medidas, aspiramos poder tener el control del 90% del mercado de la marihuana y con ello desplazar por un lado al narcotráfico, evitar que las personas que consumen estas sustancias entren en contacto con otras más peligrosas como es la pasta base de cocaína y que tienen riesgos muchos mayores.

A365: ¿Entonces la iniciativa del gobierno uruguayo apunta a tratar varios temas: de la salud pública, de la seguridad ciudadana y el control de mercados?

J.C.: Sí, nosotros creemos que la regulación del mercado es lo que nos permite mejorar aspectos vinculados a la salud pública de los usuarios de drogas, por un lado que tiene problemas con esta sustancia. Y no son todos, en Uruguay tenemos unos 120 mil usuarios anuales de esta sustancia, teniendo en cuenta que en el país somos 3 millones 200 mil habitantes, es un número importante. Tenemos 75 mil usuarios mensuales y 18 mil usuarios diarios de esta sustancia. Un número importante de ellos tiene un uso problemático de marihuana y hoy no llegan con facilidad al sistema sanitario. Las personas que están en tratamiento por problemas de drogas en Uruguay son mayoritariamente los que tienen problemas con el bazuco, con la pasta base de cocaína. Los usuarios de cannabis no acceden porque no tienen tampoco una percepción de que tengan un problema grave o serio con esta sustancia.

Entonces el gobierno quiere dar una respuesta clara en términos de seguridad ciudadana. Pensamos que si le arrebatamos este importante mercado al narcotráfico este se va a quedar reducido a sustancias que son más peligrosas y que por otro lado tienen un volumen económico mucho menos importante, porque son menos consumidas.

A365: El debate sobre la legalización tiene más de treinta años, ¿Por qué se da ahora?

J.C.: Este es un largo debate que se inicia hace 100 años en Shanghái cuando en una asamblea se discute el fin de la guerra del opio y el comienzo de una regulación o del intento de control total de consumo de sustancias por parte de las naciones más industrializadas. En los últimos 40 años esto se ha visto sumamente potenciado cuando el presidente Nixon de los Estados Unidos en el año 1971 dijo que el mayor problema para la seguridad nacional de ese país era el consumo de drogas y que por lo tanto a partir de ese momento, EEUU que estaba en el fango y perdiendo la guerra de Vietnam, inauguraba una nueva guerra, que era guerra contra las drogas. Treinta años después de ese hecho ninguno de los presupuestos que se propuso esa guerra, ninguno de los que se propuso la Convención del 61 que fue la propuesta de eliminar o reducir a su mínima expresión el consumo de drogas, se ha concretado.

Cuarenta años después de la declaración de guerra, cincuenta años después de la Convención del 61 el tema de la droga sigue siendo un problema crucial para el mundo, no solamente para América Latina, sigue siendo un problema sin resolución y los resultados son contrarios a los que estos convenios se han hecho. Ha aumentado el consumo, el conjunto de delitos vinculados al tráfico de drogas, ha aumentado de manera alarmante el lavado de dinero, hoy hay bancos como el HSBC o el banco Vaticano que se ven envueltos en temas de narcotráfico y lavado de dinero. El trafico de armas del norte al sur, desde los Estados Unidos al resto de los países de América Latina se ha acrecentado, y no ha disminuido el consumo de drogas de los países que son mayores consumidores como Estados Unidos y los de la Unión Europea, y se han incorporado en los últimos años los países asiáticos en la medida que han mejorado sus estándares de vida, se han incorporado al mercado de la cocaína, lamentablemente, que es lo que más nos afecta en América Latina.

A eso le tenemos que agregar la impresionante cantidad de muertos que está provocando y ha llegado el presidente Otto Pérez Molina de Guatemala, a decir que “nosotros no producimos, no consumimos, sólo ponemos los muertos”. Y ahí tenemos el caso de México con más de 55 mil muertos en los últimos 5 años. En este contexto se ha dado un amplio debate en América Latina y a nivel mundial, donde han participado presidentes, intelectuales de todo el espectro político con una mirada pragmática que va más allá de algunos aspectos ideológicos. Una mirada que dice ‘esto no está funcionando, tenemos que cambiar la mirada, tenemos que modificar estas políticas’.

En ese marco y en el marco de que en el Uruguay se dan estas iniciativas a nivel parlamentario y en el que hay cambios cualitativos en el tema de la violencia, el Gobierno toma esta iniciativa, que es nacional. Cuando decimos por ejemplo regular el mercado queremos decir que vamos a tomar el control de un mercado que hoy no lo tenemos, y lo queremos tomar sin que ello implique un prejuicio para nuestra población sino todo lo contrario, aspiramos a ampliar los niveles de ciudadanía, de salud de nuestro pueblo y que no implique un impacto negativo en los países vecinos en la región del cono sur, en el sentido que lo que acá se produzca legalmente se pueda transferir en los mercados ilegales de los países vecinos.

A365: Precisamente los detractores de la medida hablan de una posibilidad de que Uruguay se convierta en una Holanda de Suramérica, que vean en Uruguay un sitio atractivo para la posibilidad de obtener esta sustancia.

J.C.: Justamente teniendo en cuenta estos aspectos es que hemos hecho una propuesta de regulación nacional. Hemos estudiado a fondo las diferentes formas de regulación de mercado de cannabis que se dan en el mundo, el de Holanda por supuesto es una referencia, pero también lo son los de Australia y los de los 17 Estados de los Estados Unidos que tienen regulado medicinalmente este consumo y la propuesta que hemos llevado adelante es decir que es un consumo para nacionales, que quienes consuman esta sustancia van a tener que ser uruguayos y van a tener que estar bajo alguna modalidad de registros, ya sea a nivel de salud pública o de un organismo que generemos para esto especialmente. Y vamos a expender hasta 40 gramos al mes, en el entendido que quien consume más de un gramo de cannabis al día es una persona que seguramente desarrolle problemas con su salud, en el plano tanto biológico como psíquico.

A365: La medida propiciada por el gobierno de Uruguay, se une también a un coro que se viene dando en otros países más afectados con el problema de la producción y la comercialización de la droga como es el caso de Colombia y de México, y donde ex presidentes como Gaviria y Fox ya hablaron de un total fracaso de la guerra contra las drogas. ¿Podemos hablar que Uruguay está tomando una medida concreta contra ese fracaso?

J.C.: Claro. La forma en que nosotros hemos intentado controlar el consumo de esta sustancia y de las drogas en general no ha sido efectiva. No teníamos los problemas de violencia y criminalidad vinculados al tráfico de drogas hace 20 años o hace 10 años como lo tenemos ahora. Esto se ha incrementado más allá de los aspectos vinculados al crimen trasnacional organizado que eso también nos afecta. Pero esas son sustancia que transitan por nuestro territorio hacia la Unión Europea, hacia Asia o los Estados Unidos. Hay un aspecto muy importante que es la modificación de los cambios que se producen en la forma de afrontar el problema en América del Sur a partir del año 1998 con la instalación del Plan Colombia tiene una repercusión muy importante para los países de la región porque el la producción de la pasta base de cocaína se traslada de la zona andina hacia el este del cono sur y hoy tenemos laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína en toda la región del cono sur. En el estado de Sao Paulo en Brasil, en Paraguay, en Argentina, hay lugares de procesamiento de sustancias. Y eso hizo también que hubiera una mayor disponibilidad de sustancias y que los narcotraficantes comenzaran a ingresar estas sustancias al país.

A365: ¿La legalización de la marihuana abre la puerta para la legalización de drogas más dura en el Uruguay?

J.C.: Nosotros no estamos trabajando sobre esa hipótesis en este momento. Pensamos que lo importante hoy es encontrar una solución para este núcleo de personas de 120 mil consumidores anuales que se tienen que relacionar con el mercado ilegal para consumir una sustancia, que consumen con habitualidad. Queremos romper con eso, y avanzar bajo un control por parte del estado nos da garantía a todos los ciudadanos de Uruguay y a los ciudadanos de la región de que va a ser una política efectiva. Si bien hoy es una política autónoma, si el debate se amplía a otros países de la región y se comienzan a visualizar otros enfoques, nosotros estamos dispuestos a participar y a contribuir con todo lo que esté a nuestro alcance para que sea un debate honesto, democrático y franco donde estén todas las posiciones arriba de la mesa. Estamos ante una sustancia que tiene sin duda riesgos para la salud, que su consumo abusivo puede tener consecuencias importantes para las personas y que es necesario que estén reguladas. No pensamos en ningún caso que una sustancia con estas características pueda tener un mercado libre dominado por intereses particulares y por el lucro.

Fuente: Investigación análisis365

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