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Venezuela denuncia al gobierno de EEUU ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad

Venezuela | 13 de febrero de 2020

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El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, consignó este jueves una misiva suscrita por el presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI), por medio de la cual se solicita formalmente el inicio de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se derivan de las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas desde el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo y el Estado venezolano en su conjunto.

“Tenemos la convicción de que las consecuencias de estas medidas coercitivas unilaterales constituyen crímenes de lesa humanidad; en este caso, contra la población civil de Venezuela”, dijo el diplomático venezolano en una rueda de prensa desde La Haya, Países Bajos, luego de remitir el caso ante el tribunal internacional.

Estas medidas, reiteró, simbolizan una nueva modalidad del uso de la fuerza en una violación flagrante a la Carta de las Naciones Unidas y los principios más elementales del derecho internacional.

“Son armas de destrucción masiva y sólo con el multilateralismo plenamente activado, y en ofensiva contra la ilegalidad, podemos detenerlas; y no sólo lo hará la República Bolivariana de Venezuela y su capacidad de resiliencia, sino el sistema multilateral, los Estados coordinadamente deben detener la barbarie y que se imponga el único imperio que debe existir que es el imperio de la ley”, enfatizó.

Bajo estos argumentos, el canciller venezolano demandó pertinencia y oportunidad en el tratamiento de esta remisión a la Corte Penal Internacional.

“Mientras la acción más tarda, más sufrimiento se genera, más personas son afectadas. Es un trabajo colectivo con carácter de urgencia”, que podría generar jurisprudencia, agregó luego de exponer las severas consecuencias de estas medidas en el pueblo venezolano en todos los ámbitos.

Venezuela ha sido objeto de una serie de medidas coercitivas unilaterales dictadas principalmente por el gobierno de los Estados Unidos, en clara violación del derecho internacional que protege a los Estados de intervenciones extranjeras en sus asuntos internos.

Las ilegales decisiones, adoptadas bajo el eufemismo de “sanciones”, han causado una enorme calamidad para la población civil de Venezuela. Igualmente, han menoscabado una gama de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la alimentación, a la atención médica y a la educación, ocasionando, a su vez, una atípica migración de venezolanos hacia el exterior del país.

El principal foro de concertación política mundial, la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha condenado en sus distintos órganos la aplicación de este tipo de medidas, que sólo deben ser autorizadas por el Consejo de Seguridad.

La Asamblea General de la ONU ha declarado que “las medidas unilaterales y la legislación coercitivas son contrarias al derecho internacional, al derecho internacional humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados”.

Y el Consejo de Derechos Humanos, en su 42° período de sesiones celebrado en septiembre de 2019, adoptó una resolución en la que reconoce que “las medidas coercitivas unilaterales están exacerbando aún más los efectos de la crisis económica y, por lo tanto, la situación humanitaria”.

De igual forma, en la citada resolución, el Consejo de Derechos Humanos expresó “su preocupación por la imposición de medidas coercitivas unilaterales extraterritoriales sobre la República Bolivariana de Venezuela, que ha exacerbado aún más los efectos de la crisis económica y, por lo tanto, la situación humanitaria del pueblo venezolano”.

La República Bolivariana de Venezuela es un Estado Parte del Estatuto de Roma, que firmó el 14 de octubre de 1998 y ratificó el 7 de junio de 2000. En consecuencia, el Estatuto está en vigencia con respecto a Venezuela desde que el tratado entró en vigor 1 de julio de 2002.

Fuente: https://bit.ly/38qDbO2

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