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Por Luis Salas Rodríguez

Volvamos a hablar del congelamiento de precios

Venezuela | 6 de julio de 2017

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Como se recordará, el mismo día del anuncio del llamado a la Constituyente, el primero de mayo pasado, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador, el presidente Nicolás Maduro anunció la conformación de una comisión para evaluar la viabilidad de un congelamiento de precios. Lo hizo en respuesta –como él mismo dejó claro en su alocución– a la exigencia realizada por los asistentes a la concentración, trabajadores y trabajadoras que padecen tanto como cualquiera los males asociados al control dictatorial que sobre los mismos ejercen los especuladores.

Pero de este anuncio, sobre el cual al principio hubo una confusión, pues se creyó que el presidente había de facto decretado el congelamiento de precios, más nunca se supo nada. Y lo cierto fue que los únicos que quedaron congelados, desde aquel entonces hasta este domingo 2 de julio, fueron los salarios, cuando el presidente en respuesta a la guarimba de precios decretó un nuevo aumento salarial.

No vamos a entrar aquí de nuevo en el debate sobre la conveniencia o no de los aumentos salariales. Como ya hemos dicho reiteradamente, deben celebrarse y defenderse, pero también tenemos que estar claros que no son suficientes y deben exigirse medidas adicionales que lo hagan efectivo. En tal virtud, lo que quería era retomar una idea planteada en estas mismas páginas por Luis Gavazut, quien en ocasión del amago de congelamiento de precios de mayo pasado, escribió unas muy pertinentes reflexiones sobre su viabilidad.

El shock de los precios

Según la conocida consigna neoliberal enarbolada por Milton Friedman, solo una profunda crisis real o imaginaria, crea las condiciones para que aquello que políticamente es impensable se convierta en políticamente inevitable. Es eso y no otra cosa lo que se llamó la doctrina del shock, partiendo del principio según el cual cualquier persona tanto como cualquier sociedad, tras sufrir un estado de conmoción –un shock– queda lo suficientemente vulnerable como para aceptar cualquier cosa. Es por esta sencilla pero siniestra razón que a los planes de ajuste neoliberales –los llamados “paquetes”, como el de CAP en el 89– técnicamente se les denominada “planes de shock”.

Pues bien, en los actuales momentos los venezolanos y venezolanas estamos padeciendo ya un estado de conmoción en materia de precios. Estado que ha seguido al de desabastecimiento, si bien este no se ha superado. La diferencia entre uno y otro es que hasta hace poco más de un año atrás lo que dominaba era el desabastecimiento, en la medida en que el problema de fondo era que las cosas no se conseguían, y por eso, la gente cuando las encontraba pagaba lo que fuera por ellas. El problema ahora, sin embargo, más frecuente es que se consiguen, pero cada vez son menos quienes pueden pagarlas, dados sus precios.

Y todo esto es indiferente a los CLAP y demás políticas del Estado en materia económica, como las decenas de incentivos dados a los empresarios para importar y/o producir y comercializar, desde cambiarios hasta arancelarios y de financiamiento, pasando por la flexibilización de trámites y permisos sanitarios. En lo concreto, los venezolanos y venezolanas seguimos en las mismas, lo que entre otros males tiene el de darle argumentos a quienes intentan imponer el fascismo como forma de vida y convertir al país en una no-sociedad que, como en la famosa canción de Henry Fiol, perro coma perro y por cualquier cosa nos matemos.

Pero en el ánimo de aplicar aquella máxima según la cual donde existe una crisis también habita una posibilidad, es posible que el Estado –y no solo el Ejecutivo o la SUNDDE, sino el Estado como un todo– así como ha buscado valerse para defender el orden público de la misma gravedad impuesta por las acciones de terrorismo de la derecha, asuma que ese estado de conmoción de precios puede servir para retomar con mejor pie sus aspiraciones de gobierno económico, en la medida en que frente a la violación masiva de derechos humanos implicada en la misma (de negación del acceso a la salud, la alimentación, educación, etc.), la única respuesta posible es la acción unilateral y extraordinaria de quien tiene el deber tanto como la facultad de velar por el bien común y de las mayorías.

Un plan antishock

Todo control de precios implica un ejercicio arbitrario del poder público. Pero esto no es una objeción, pues sustituye a un ejercicio arbitrario del poder privado, que tiene efectos más importantes y excesivamente arbitrarios para los que sufren la inflación resultante.

J.K. Galbraith.

En virtud de lo dicho, quería citar una idea expuesta por Gavazut en el texto antes mencionado:

“(…) toda medida de política económica del Estado requiere, para tener éxito, de un mínimo de aceptación general por parte de los agentes económicos involucrados, una suerte de consenso en torno a su conveniencia; por la sencilla razón de que ningún Estado –no solo el venezolano– puede obligar a toda la población a conducirse de una manera a la que esta se opone pertinazmente, a menos que sea bajo un régimen dictatorial, y ni siquiera la dictadura más feroz imaginable puede, por ejemplo, contra una población autodeclarada en permanente “huelga de brazos caídos”. Por ejemplo, es sabido que ningún Estado puede sobrevivir mucho tiempo ante una conducta generalizada de compras nerviosas. Ninguna economía aguanta eso. Por cierto en Venezuela –por culpa del bachaqueo– tenemos ya cuatro años soportando y resistiendo un fenómeno de ese tipo, algo que por sí solo, en mi criterio, constituye un auténtico milagro económico (o de resistencia económica).

Por ejemplo, en la película Impacto profundo, Morgan Freeman, que hace las veces de presidente de Estados Unidos, decreta la congelación de precios en la escena donde informa a la nación toda de la situación de inminente desastre natural que se avecina. Previendo el estado de conmoción que esa alerta nacional desataría, el gobierno opta por decretar la congelación de precios. En este ejemplo, aunque muchos agentes económicos quieran subir sus precios, y de hecho lo hagan, incluso esos especuladores oportunistas están conscientes en su fuero interno de que se trata de una medida excepcional que tiene una justificación y, por lo tanto, es “justa”. A esto me refiero cuando hablo de que las medidas de política económica deben gozar de cierto “consenso” que propenda a su aceptación voluntaria por parte de la población toda”.

Nuestra hipótesis es que este “consenso” existe actualmente: y no solo por parte de los consumidores sino inclusive de muchos comerciantes y empresarios, quienes padecen también la situación actual al menos por dos vías: tanto porque ellos también deben comprar a precios especulativos, como porque la especulación extendida y generalizada ha hecho retroceder tanto el salario y el poder adquisitivo, lo que entre otras cosas se manifiesta en una caída de las ventas y por tanto de los ingresos y las ganancias.

Y es que la práctica ha terminado enseñándonos de modo traumático, tanto a unos como a otros, que los célebres pero vilipendiados y hasta ridiculizados Precios Justos de Chávez –incluyendo el de la divisa– tenían la virtud de ser precios de equilibrio que garantizaran la producción y/o comercialización de los bienes y servicios, reportando ganancia al empresario o comerciante pero también el acceso del consumidor, acceso sin el cual no hay venta y por tanto tampoco ganancias. Durante su apogeo, consumidores y comerciantes salimos beneficiados, y la economía creció como nunca. Pero la estrecha visión de algunos nunca les dio para entenderlo: conspiraron contra los mismos, y ahora no solo los consumidores vemos perder nuestro poder adquisitivo, sino que, como acabamos de decir, los conspiradores otrora beneficiados de la especulación, padecen ahora dicha pérdida con la caída de sus ventas y ganancias.

Por cierto que, por más que pueda decirse que el ejemplo de Hollywood utilizado tiene virtud pedagógica pero no asidero real, nunca debe olvidarse que en los mismísimos Estados Unidos de América, durante la Segunda Guerra Mundial y como resultado del aumento especulativo de los precios internos provocado por el esfuerzo bélico, el presidente de entonces, Franklin Roosevelt, decretó un control de precios en 1942 que no solo logró su cometido, sino que duró años, si bien con variaciones (algunas muy interesantes como la indexación de los salarios a las ganancias empresariales) hasta su eliminación, en tiempos de Nixon en los años 70.

De más está decir, en todo caso, que para el éxito de una política de este tipo no alcanza simplemente con la voluntad –por más importante que sin duda es– si no se acompaña de técnica, constancia y se armoniza con el resto de políticas económicas, como por ejemplo y sobre todo la cambiaria. Da nada vale en este último sentido querer mantener tales o cuales precios, cuando el tipo de cambio sube o se permiten importaciones a tasas arbitrarias o no se garantiza y verifica el abastecimiento.


Fuente: 15yÚltimo

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