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Roxana Baspineiro

A un año de las masacres, familiares y víctimas relatan momentos de terror

Bolivia | 25 de noviembre de 2020

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“Un minuto de silencio en memoria de los caídos en Senkata, Sacaba, Montero, Betanzos, Ovejuyo y El Pedregal”, fueron las palabras que inauguraron el mandato de las nuevas autoridades electas, Luis Arce y David Choquehuanca, el pasado 8 de noviembre en Bolivia.

Un año después de las masacres cometidas por el gobierno interino de Jeanine Añez, que siguieron a la renuncia forzada del entonces presidente, Evo Morales, Brasil de Fato habló con algunos familiares de los fallecidos, heridos y con un abogado internacional de derechos humanos sobre la violencia desatada en noviembre de 2019, el proceso de justicia y la realidad de las familias afectadas.

Según un informe presentado por la Defensoría del Pueblo de Bolivia titulada “Crisis de Estado, Violación a los Derechos Humanos en Bolivia, octubre-diciembre de 2019”, lo que sucedió en el país andino fueron delitos de “lesa humanidad”.

Las primeras masacres ocurrieron el 11 de noviembre en los barrios del extremo sur de la ciudad de La Paz, exactamente en las zonas de Los Almendros, Los Rosales, El Pedregal, Ovejuyo, entre otros, que fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas policiales.

La segunda masacre tuvo lugar el 15 de noviembre en el municipio de Sacaba, Cochabamba, donde 12 personas murieron y 125 resultaron heridas tras la represión policial y militar. La tercera ocurrió en la ciudad de Senkata, El Alto, el 19 de noviembre, donde otra operación policial y militar mató a 10 personas y dejó decenas de heridos.

La crisis política y social tras las elecciones de 2019, fundada en el supuesto fraude sostenido por la Organización de Estados Americanos (OEA), desencadenó protestas que se intensificaron en todo el país tras la renuncia de Morales y la autoproclamación de Añez como presidenta interina.

Masacres en la zona sur de La Paz

"La represión sucedió en la mañana en el sector de El Pedregal, que fue una de las primeras zonas de represión de los grupos [civiles] armados junto con la policía. Allí le quitaron la vida a mi hermano.

“Según el informe forense, fueron cinco impactos de bala, pero luego los resultados de balística mostraron que fueron siete", cuenta Frida Conde Noguera, hermana de Percy Romer Conde Noguera (31), quien murió el 11 de noviembre de 2019, víctima de la represión policial al sur de la ciudad de La Paz.

Un día antes de que Añez tomara el poder, la ola de violencia de los grupos civiles armados mostró su expresión más racista, con ataques dirigidos principalmente a la población indígena, que alcanzó su punto culminante con la quema de la wiphala [bandera que representa a los pueblos originarios].

Esto provocó el levantamiento de los sectores indígenas y populares, que en un primer momento pidieron el respeto y la dignidad de los pueblos indígenas. “La whipala se respeta carajo!”, coreaban mientras marchaban.

En este contexto, se desatan altercados confusos en varias partes del país, que van desde ataques a miembros del MAS e incendios en propiedades de partidos y organizaciones sociales hasta incendios en estaciones policiales por parte de grupos diversos.

En las redes sociales y en los principales medios de comunicación, los mensajes decían: “Hordas masistas salen a las calles a causar destrozos, saqueos y violencia”; “Grupos organizados por diputados y candidatos del MAS [...] están asaltando las estaciones de bus”; “Fuerzas Armadas de Bolivia [...] salgan a salvar a las personas que cruelmente están siendo atacadas y asesinadas por hordas perversas de Evo Morales”, lo que alimentó el discurso de odio contra el MAS.

"Lo que pasó fue que querían generar confusión, que la gente del MAS estaba haciendo ese saqueo, esa quema de viviendas, amenazas y demás. Pero no era así, sino que esta gente [grupos civiles armados], son los que empezaron a incitar a hacer eso, porque no hay razón para que los vecinos salgan a alertar y la policía a reprimir a la gente de la zona", dice Conde.

“Mi hermano vivía en El Pedregal hace 8 años junto a su familia. Ese día estaba en su casa. En contacto con nosotros, nos decía ‘aquí las cosas están graves, se están enfrentando, la policía está reprimiendo’” relata.

“Según me cuenta un vecino, la gente del lugar asustada comenzó a tocar puerta por puerta diciendo ‘vecinos nos defenderemos, nos están queriendo saquear y quemar las casas, por favor salgamos!’ Entonces mi hermano salió de su casa. En la esquina y con tan mala suerte, la policía lo sorprendió y le dispararon de cerca, a una distancia de tres metros”, lamenta la boliviana que perdió a su hermano.

La represión siguió su curso en Los Rosales, donde el hermano menor de Plácido A. Aruni, Beltrán Paulino Condori Aruni (23), también fue asesinado por la policía. Comenta que ese día algunos grupos, incluyendo la policía y los paramilitares, estaban en la región.

“Yo creo que el objetivo era intimidar a las zonas aledañas, donde las personas son humildes, son sectores que también apoyan al MAS. Lo que querían era intimidarlas para que no salgan [a manifestarse tras la renuncia de Morales]. ‘Si matamos a tres personas hoy, mañana no van a salir’, esa era la lógica”, explica.

“A las 2 de la tarde asesinaron a mi hermano, prácticamente a cincuenta metros de su casa donde vivía con su esposa, su hija de dos meses y mi madre”, lamenta Aruni.

Masacre de Huayllani

En la ciudad de El Alto, La Paz, la represión policial contra los sectores populares e indígenas se había intensificado y a este punto, los manifestantes también exigían la renuncia de Añez.

La violencia policial y la discriminación contra las mujeres de pollera [mujeres indígenas], que circularon por las redes sociales, indignó a las bases populares.

En este contexto, Añez aceleró la aprobación del polémico Decreto 4078, que eximía a los militares de toda responsabilidad penal. La decisión se tomó pocos días después de asumir el cargo, cuando las protestas populares se habían extendido a varias partes del país.

“Nuestras hermanas de pollera y nuestros hermanos campesinos fueron atropellados. Ha sido muy doloroso ver tanta discriminación. Entonces, después de ver toda esa violencia, desde el Trópico, decidimos iniciar una marcha primero a Cochabamba y después hacia La Paz”, dice Hernán Maldonado Rosales, afiliado al sindicato Tamborada 3 del Trópico, que fue herido por un impacto de bala que le destrozó el ojo.

La masacre en Sacaba ocurrió el 15 de noviembre de 2019, cuando una marcha encabezada por militantes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, región criminalizada por el gobierno de Añez, fue cercada en el puente de Huayllani por las fuerzas policiales y militares.

“Llegamos al puente de Huayllani y nos encontramos con policías, tanquetas y militares. No quisieron dejarnos pasar, estuvimos horas esperando. Ya estaba atardeciendo, entonces hubo presión para que nos dejaran pasar, y de repente empezaron a gasificar. Llovían los gases. En medio de eso, las mujeres y los niños, porque habían señoras con sus hijos, hicieron lo que podían para escapar”, recuerda Maldonado.

“Algunos se desmayaron por el gas. Y en un cierto punto, habían señoras botadas en la carretera que necesitaban ayuda. Los que entraron a sacarlas murieron. Pero a pesar de eso, me armé de coraje y entré. Ayudé a unas cinco personas, pero ya en la sexta vez obtuve un impacto en mi ojo. No sentí dolor en el momento, porque el impacto me botó como unos tres metros. Dije dentro de mí, ‘no voy a morir aquí’ mientras la sangre chorreaba tapando incluso mi otro ojo. Entonces, retrocedí, pasan los policías, vuelven y me patean, ahí pierdo el conocimiento. Desperté dos días después”, relata.

Masacre de Senkata

El 19 de noviembre, la ciudad de Senkata, El Alto, sufrió una de las masacres más violentas que tuvo un impacto internacional.

En Senkata se encuentra una planta de gas propiedad de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que almacena este recurso, del cual Bolivia tiene importantes reservas naturales. Todos los días la planta de gas abastece a la capital y a otras partes del país, por lo que bloquearla estratégicamente tiene un impacto directo en el país.

"Después de la quema de la wiphala, la humillación y las vejaciones que estaban haciendo los grupos fascistas, en Santa Cruz y Cochabamba, salimos a protestar", dice Marley Lazo Choque, presidenta de la Asociación de Víctimas, Heridos, Fallecidos y Detenidos de Senkata.

La indignación del pueblo de Senkata les llevó a bloquear la planta de gas durante varios días, en protesta por la violencia ejercida por el Estado.

“Algunas cisternas de gas lograron salir, porque no había abastecimiento de gas [en la capital] [...] pero después que salieron se generó una tensión. Y de ahí, comenzó primero la gasificación y después los disparos”, dice Lazo, que estuvo presente ese día junto a su esposo, que terminó herido.

Una operación conjunta de las Fuerzas Armadas intentó desactivar violentamente el bloqueo, alegando que “los alteños querían hacer estallar la planta”.

“Se dice que los de Senkata intentamos hacer explotar la planta de gas, atentando contra la vida. Si eso hubiese ocurrido, el impacto habría sido muy fuerte. Aquí vivimos, tenemos hijos, aquí estudian, trabajan. Entonces ¿cómo podemos intentar volar el lugar donde viven nuestras familias?” resalta Lazo.

“En el caso de mi esposo, fue la indignación [lo que le llevó a protestar], porque vimos como a una señora de pollera los policías le pateaban, inclusive le cortaron sus trenzas. Ese día, había un pedido de auxilio de las señoras, niños, jóvenes que corrían por todas partes. Ahí lo hieren a mi esposo cerca a un punto de gasolina. Cae ante el primer impacto, pero le vuelven a disparar. Fueron dos impactos de bala que le produjeron fracturas en su pierna”, recuerda Lazo.

Según los relatos de las víctimas, muchos de los muertos y heridos en Senkata eran personas que iban a trabajar, a estudiar o salían de sus casas para hacer algunas compras cuando fueron sorprendidos por la represión.

Un año turbulento para las víctimas de las masacres

A un año de las masacres, lo que menos han encontrado las víctimas durante el gobierno de Añez, ha sido el alivio de la justicia, a pesar de que varias organizaciones internacionales y nacionales, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) y las Naciones Unidas, denunciaron graves violaciones de derechos humanos en los hechos que siguieron al golpe de 2019.

Según un informe presentado por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos titulado “‘Nos dispararon como animales’, Noviembre Negro y el Gobierno Interino de Bolivia”, resultado de siete meses de investigación independiente, se encontraron “patrones desconcertantes de violación de derechos humanos” cometidos en el primer mes de gobierno de Añez.

"Nuestra evaluación de lo que ocurrió en Sacaba y Senkata es que hubo masacres, así como en la zona sur [de La Paz], donde la policía ha matado personas. Hubo violencia cometida por el Estado", dice Thomas Becker, un abogado internacional de Derechos Humanos que forma parte de la investigación y también fue testigo de la masacre de Sacaba.

“Parte de nuestra investigación es que analizamos de dónde vinieron las balas, es decir, su trayectoria. Todos los agujeros que vimos llegaron a los postes, a las paredes, del lado donde estaba la gente, no del lado donde estaban los soldados. Medimos los ángulos para saber de dónde vinieron las balas. Los que analizamos venían del puente de Huayllani, es decir, de donde estaban los soldados. Así que para nosotros, es claro, fue una masacre", explica Becker.

“Los videos que conseguí, grabados por los propios vecinos, dejan claro que fue la policía. A parte de haberle disparado con arma de guerra, porque los impactos le perforaron todo el cuerpo, el hígado, riñón y el diafragma, ellos le patean y le escupen”, dice Aruni sobre el asesinato de su hermano.

Recientemente, la Defensoría del Pueblo de Bolivia denunció que las muertes permanecen en la impunidad, ya que las investigaciones del último año no han avanzado debido a los obstáculos impuestos por la policía y las Fuerzas Armadas, que se niegan a proporcionar información sobre los hechos.

“Hay muchas pruebas que no las han recogido en su momento porque no ha habido voluntad política, voluntad funcional en el Ministerio Público, entonces es un año de impunidad”, dijo la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz durante la conmemoración de un año de la masacre de Sacaba.

“Nosotros, así como la Defensoría del Pueblo y los fiscales, tres instituciones diferentes, hemos solicitado información al Ministerio de Defensa del gobierno. Queríamos información sobre las tropas, las balas, etc. No fueron dadas, dijeron que era confidencial. Entonces, ¿cómo se puede hacer una investigación para determinar quién es el responsable, si el gobierno no está participando, no está proporcionando información que es absolutamente clave?", cuestiona el abogado.

Según los familiares, durante este año, además de experimentar la indiferencia de la policía para aclarar los hechos, evidenciaron irregularidades en los informes presentados por los investigadores asignados.

“Uno de los problemas es que los investigadores presentaron informes falsos. Por ejemplo, hace unos tres meses, obtuvimos el informe de mi hermano y lo revisamos detalladamente. Decía que lo habían encontrado en Llojeta, una región super lejana que nada tiene que ver con El Pedregal y que estaba envuelto en una sábana floreada, todo eso es mentira”, denuncia Conde.

“En la etapa de investigación, durante este año, lleve las declaraciones de mi cuñada, mi mamá, mi tío y de otras personas más, para ver cómo iban a proceder, pero el investigador no hizo nada. Entonces como no hacía nada, le dije que no iba a presentar los videos hasta que entre el nuevo gobierno, ya que son videos claves”, cuenta Aruni.

En opinión de Becker, ha sido un año muy difícil para las familias, ya que también han sufrido una revictimización por parte del gobierno interino.

"El gobierno ha dicho que se dispararon entre ellos, que fue culpa suya, que son terroristas, narcotraficantes, que son indios salvajes, castrochavistas, a fin de deslegitimar a las víctimas", asegura.

La esperanza de la justicia permanece

“¡Honor y gloria a los caídos de Senkata y Sacaba!” fueron las primeras palabras del presidente electo, Luis Arce, esparciendo así, una luz de esperanza y justicia para las víctimas.

"Como familiares, nuestra principal demanda es la justicia, porque aunque nos ofrezcan un monto de dinero, la vida de mi hermano no tiene precio. Nada le devolverá la vida a mi hermano. Tenía 31 años, toda una vida por delante", dice, entre lágrimas, Conde.

Tras un año de impunidad, las heridas y el dolor que dejaron las masacres siguen latentes en la vida de las familias. Sin embargo, a pesar del cansancio y la desesperación, la esperanza de justicia y el amor por sus seres queridos alimentan el coraje para continuar luchando.

“Todas las cirugías, el dolor que he sentido, ha sido un gasto para mi familia. Agradezco el apoyo que me han dado, porque, la verdad, cuando recibí la noticia de que había perdido un ojo, no quería ni despertar. Quería dormirme de verdad [morir] así tal vez en la otra vida estaría viviendo con todos los hermanos caídos”, relata Maldonado.

“Mis otros compañeros que fueron heridos siguen sufriendo hasta ahora [por las secuelas], están con muletas, sin poder trabajar. Pero a pesar de eso, a un año de lo sucedido, seguimos pidiendo justicia”, dice.

"Ha sido un año muy duro para las familias, porque no es sólo que ’un pariente murió’, no, sino que el gobierno mató a sus seres queridos, y después de matarlos, todavía dice que fue culpa de ellos”, señala Becker.

Con la llegada del nuevo gobierno después de las elecciones del 18 de octubre, también hay un poco de respiro y tranquilidad para avanzar hacia la justicia, ya que después de un año de persecución y amenazas, el contexto de miedo creado por el gobierno interino también ha servido para silenciar las voces de muchos testigos que ahora parecen sentirse más cómodos para testificar.

“El [nuevo] gobierno tiene la responsabilidad de avanzar en los procesos [de justicia]. Creo que el congreso aprobó un juicio de responsabilidad contra Añez y también procesos contra los ministros que estuvieron involucrados. Pero en cuanto a cómo evolucionará el proceso, es difícil saberlo por ahora", dice Becker.

El nuevo ministro de Justicia, Iván Lima, anunció también el pasado 16 de noviembre que cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) llegarán al país andino para investigar las masacres de Sacaba y Senkata.

"Todos los expedientes" de la Policía boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público para identificar "a los autores intelectuales y materiales" de los hechos, se pondrán a disposición de la CIDH, enfatizó el ministro.

Becker asegura que si hay obstáculos en el proceso judicial boliviano, siempre habrá otras opciones como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y la posibilidad de que los responsables sean juzgados en los países a los que huyesen, algo que debe ser analizado.

“Después de hablar con las víctimas puedo decir que la gente en Sacaba, en Senkata y también en la zona sur [de La Paz], van a continuar luchando y si no hay justicia aquí, van a buscar justicia en otras cortes”, asegura Becker.

“Nuestra objetivo principal, sin duda, es esta lucha inclaudicable que tenemos por conseguir justicia”, dice la presidenta de la Asociación de Víctimas, Heridos, Fallecidos y Detenidos de Senkata.


Roxana Baspineiro/Brasil de Fato/AlbaTV

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