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Conflicto en Colombia: consecuencias y solidaridad entre pueblos hermanos

Colombia | 19 de mayo de 2021

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El conflicto político, social y económico en Colombia tiene sus orígenes en el siglo XIX. Sus raíces están asentadas en las contradicciones que marcó la primera república de este hermano país. Un Estado supuestamente republicano liderado por una élite clasista, oligárquica, racista y patriarcal que traicionó el proyecto de la Gran Colombia y paralelamente al pueblo campesino y trabajador.

Aún hoy, los políticos neogranadinos, que dan la orden de perseguir, someter, agredir y asesinar a las y los colombianos que protestan en las calles, son los mismos que traicionaron a Bolívar. Son los mismos que en épocas pasadas respondieron y responden a un orden colonial e imperialista. En Colombia, la privatización de la tierra, así como la violación sistemática de derechos fundamentales del pueblo, es causa originaria de luchas o resistencias populares que actualmente se gestan en el hermano país.

Para profundizar más sobre este tema, en Alba TV conversamos con cuatro mujeres y compañeras militantes del Pacto Histórico Venezuela (PHVZ), una propuesta surgida en Colombia para generar una amplia convergencia desde la izquierda y las fuerzas progresistas para las elecciones del otro año. Está integrado por Partido Comunes, Partido Comunista, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo Internacional, Colombia Humana, Alianza Verde y varias asociaciones e individualidades.

Exclusión política, económica y derecho a la tierra

Para Mónica Delgado del Partido Comunes en Venezuela e integrante del Pacto Histórico, el conflicto tiene sus raíces en la exclusión política y económica de la mayoría de la población colombiana. “Y dicho conflicto no se remite a cinco décadas atrás con la creación de la insurgencia de las FARC EP, hoy Partido Comunes. Se reseña desde la mitad del siglo XIX hasta ahora. Es, de hecho, el centro de la disputa de Bolívar con las élites criollas, que remplazaron sin mayores cambios el poder colonial por el de ellos, manteniendo intacta la mentalidad y estructura, clasista, racista y excluyente heredada del mando monárquico”, apuntó Delgado.

Delgado nos comentó que, así como hoy Uribe da ordenes de reprimir y matar a los protestantes por la red Twitter, José María Obando en 1830, recibió la orientación de asesinar a Antonio José de Sucre a través del Periódico "El Demócrata". “Obando, el asesino, sería luego presidente de la República y con la muerte de Bolívar y Sucre pretendieron enterrar el proyecto de la mayor suma de felicidad para el mayor número de ciudadanos".

“Pero les falló el cálculo, nada fue enterrado y como reseña, Alfredo Molano en un ensayo que integra los textos de la Comisión Histórica, de esas mayorías colombianas han surgido «formidables actos de resistencia civil y de persistentes alzamientos armados desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el presente»".

Por su parte, Aminta Beleño, del Partido Comunes (Venezuela) y militante feminista, expresó que el conflicto contemporáneo que nos acompaña hace más de medio siglo, como decía Manuel Marulanda Vélez: la guerra arrancó desde que nos quitaron al Gran Mariscal de Ayacucho. “Esa nueva guerra empieza en ese entonces, y es un punto de unidad entre aquel pasado de fin guerra de independencia y la Constitución de una república asumida por una élite, cuando realmente esa república se constituyó en base a la lucha y sangre de todas y todos”, comentó.

La raíz histórica del conflicto se basa, fundamentalmente, en el derecho a la tierra y el derecho a producir en ella. La Revolución Comunera de 1781, en El Socorro, nos habla de las y los comunes. Por el derecho de los comunes. La revolución comunera, que tuvo como lideresa a Manuela Beltrán, marcó y marca nuestra historia. Ellas y ellos estaban peleando por el derecho común de la tierra, por el derecho común de decidir cómo distribuían lo que producían y qué producían”, relató Beleño.

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Con esta misma idea, Beleño destacó que la tierra fue y es acaparada por las primeras élites oligárquicas en Colombia, generando a su vez la organización de campesinas y campesinos que luchaban por sus derechos colectivos.

En Colombia, el problema del derecho y la tendencia de la tierra se manifiestan a la par de los nuevos procesos locales del capitalismo y su crisis mundial.

“En este sentido, la tierra es vista por la élite colombiana como medio de riqueza, producto de la lumpenización de este sistema capitalista. Esto se expresa a través, por ejemplo, del extractivismo y, por supuesto, del narcotráfico. Nos referimos a campesinas y campesinos que quieren producir su yuca, papa, maíz, pero a una élite (político-económica) lumperesca no le interesa. Prefiere la producción de plantas para elaborar sustancias narcóticas”, indicó Aminta Beleño.

Asimismo, resaltó que las exigencias del pueblo colombiano de antes y de ahora tienen que ver con derechos y justicia. "La lucha de este momento no se puede desligar de la lucha de aquel momento cuando enfrentamos una invasión. Luego cuando continuamos la pelea por el derecho a la independencia y el derecho a la justicia social después de la independencia”.

Aminta comentó que todavía queda pendiente una verdadera emancipación del pueblo colombiano. “Son santanderistas, que no son colombianas, son neogranadinas porque su parámetro es el pasado. Las causas del conflicto en Colombia la tenemos que ver a través de nuestra historia. No hemos logrado nuestra definitiva independencia, este pueblo que hoy pelea es el pueblo que peleó en nuestra independencia y hoy demanda nuestra segunda y definitiva independencia”, expuso.

Colombia y Venezuela: afectaciones por el conflicto

Las afectaciones también tienen razones históricas y más cuando ambos países se encuentran relacionados por su geografía, historia y cultura. “Es imposible que lo que ocurra en un país no afecte al otro. Es sobre lo que llama la atención Bolívar y de ahí el proyecto unitario y el llamado permanente desde Cartagena en 1812, finalmente en Boyacá, en Carabobo, en Pichincha y en Ayacucho peleamos juntos y juntas”, reflexionó Mónica Delgado.

Desde la doctrina Monroe en 1824, aplicada por el gobierno estadounidense en Latinoamérica, en Colombia actualmente existe un aparato militar contra cualquier “amenaza inusual y extraordinaria”, nos compartió Delgado. “Por un lado tenemos el conflicto colombiano con un trasfondo de confrontación o lucha de clases, y a la par desarrollándose un proyecto político en Venezuela afín a la participación y a la satisfacción en general de los intereses de las mayorías”.

Mientras tanto, “la derecha colombiana, subyugada a los gringos y de mentalidad colonial, echa mano de cualquier recurso para acabar con el ‘mal ejemplo’, para quienes luchan y resisten. La dinámica fronteriza les proporciona una magnífica oportunidad para hacer cualquier cosa”, acotó Delgado.

Asimismo, Delgado destacó que los sectores de la derecha colombiana se han encargado de mantener sus políticas, prácticas de control social y mantenimiento del conflicto armado que sabotean, sistemáticamente, el Acuerdo de Paz. “Todo esto también para generar o infiltrar fuerzas armadas irregulares que con discursos de izquierda desarrollen prácticas paramilitares y mercenarias que ataquen al gobierno legítimo de Venezuela y sus Fuerzas Armadas, y así fortalezcan el negocio del tráfico de drogas que se atribuyó históricamente a la insurgencia y cuyo aparente combate se tradujo en la provisión de millonarias sumas de dinero por parte de los Estados Unidos”, explicó.

Para contraponer lo que significa “la exportación” del conflicto de un país a otro, Aminta Beleño señaló que “tanto en Colombia como en Venezuela los pueblos enfrentan tres sistemas. El primer sistema es el patriarcado, ambos pueblos están luchando en contra del sistema patriarcal desde el inicio de las sociedades de clases. Sobre las bases del patriarcado se pudo generar la división de clases. Lo primero que se privatizó fue la mujer, desde su cuerpo, pensamiento y decisión política para dar paso a la división de clase e inequidades de clases amparadas en la inequidad de género de estas sociedades de hoy”.

A su vez, resaltó que estos dos pueblos se han visto afectados por el sistema capitalista en su etapa de globalización, decadencia, junto a la furia del imperio estadounidense que ya no es hegemónico en el mundo y “necesita nuestros territorios, recursos y a la exportación de nuestros pueblos para sobrevivir”.

De esta manera, el imperialismo estadounidense necesita dominar a Colombia y a Venezuela, expresándose los conflictos en formas diferentes. “Desde que aparece el Comandante Chávez se lucha por transformar ese sistema, declarando a la Revolución Bolivariana con el socialismo feminista. Sin embargo, hoy las y los trabajadores en Venezuela enfrentan el yugo del capitalismo salvaje, lo vemos a través de la especulación y el dominio de la moneda extranjera que nos ha impuesto Estados Unidos. No se pueden exportar conflictos porque existen en nuestra sociedad política y económica, siendo las tres aristas de los conflictos sociales en ambas naciones”, aportó Beleño.

A diferencia del Estado venezolano en el manejo de las contradicciones del capitalismo global, la élite colombiana es lacaya de los intereses imperialistas y capitalistas. Dijo Aminta que estos sectores, en su fase de lumpenización, obtienen riquezas de forma parasitaria: a través de la guerra, el belicismo, la explotación sexual de mujeres, niñas y niños, y con el narcotráfico. Para ella, las medidas del imperialismo yankee, en su afán de mantenerse a flote, son una nueva expresión de colonialismo, el sometimiento de los pueblos, saqueo de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo de las personas.

Territorio fronterizo: desplazamientos forzados y migraciones colombianas

Adriana Román, militante feminista y perteneciente al Pacto Histórico, coincidió con Beleño en que “Venezuela y Colombia son países donde las realidades sociopolíticas tienen matices regionales. La realidad fronteriza se comparte entre ambas naciones, pero la realidad sociopolítica varía en cuanto a las características de los gobiernos y las políticas que se aplican”, diferenció.

Aseveró que desde 1990 en Colombia el gobierno de Cesar Gaviria comenzó la aplicación políticas neoliberales, mientras que Venezuela ejecuta políticas sociales y redistribución de la riqueza-renta petrolera desde la llegada al Poder del presidente Hugo Chávez Frías.

Para Román, la trata de personas, transporte ilícito de armas, movilidad de grupos armados irregulares, así como el contrabando y otras dinámicas en las fronteras colombo-venezolanas, hacen parte del delito trasnacional y de la acumulación por desposesión, que, en mayor o menor medida, ningún país en la actualidad con un mundo globalizado se encuentra exento.

Por otro lado, el pueblo colombiano no sólo es víctima de las políticas neoliberales, como las reformas que hoy, desde este Estado, intentan aplicarse, sino también de los grandes aparatos militares, policiales y paramilitares que lo sostienen. En este punto, Aminta Beleño agregó que ha habido, por lo menos, cinco oleadas migratorias de colombianidad hacia Venezuela.

“Según las estadísticas de organizaciones sociales y de ACNUR, a partir de 1947 hasta el 1991, se han producido migraciones de colombianas y colombianos debido a la violencia y los conflictos acrecentados en Colombia. La primera ola entre los años 1947 y 1948 se entiende que fueron entre 20 mil a 45 mil personas de la colombianidad recibiendo en Venezuela. En 1970, hubo una segunda gran ola 178 mil residentes. Luego en 1976, alcanzó un millón de ingreso a Venezuela, la mayoría eran de Colombia. Desde 1980 hasta los años 90, eran 12 mil ingresos por año desde Colombia, lo que representaba el 77% de la población migrante”, precisó Beleño.

Durante esa década, se desarrolló una situación muy ruda en marco del conflicto colombiano. “Era una etapa donde había un proceso de paz en la que aparecen partidos políticos como la Unión Patriótica, el Frente Popular, entre otros movimientos de población civil que recibieron grandes masacres. La mayoría de los perseguidos y masacrados fueron alcaldesas y alcaldes de elección popular”, mencionó Beleño.

Continúa Beleño que para el 2002 se registran 69 mil ingresos por año y eso equivale al 82% del total de migrantes que había en Venezuela. “En 2015, tenemos una data que actualmente resalta que somos 5,6 millones de colombianas y colombianos residentes en Venezuela. Toda esa migración hay que verla en la gravedad de los conflictos, el crecimiento de la violencia y, por ende, con los desplazamientos forzados. Las ultimas oleadas tienen que ver con el gobierno de Álvaro Uribe. Para el 2019, ACNUR registra 190 mil personas en calidad de refugiadas en Venezuela”, detalló.

Evidentemente, la mediática internacional, por parte de los medios de comunicación hegemónicos, ha querido invisibilizar estas cifras y, por supuesto, que dichas migraciones persisten en los tiempos actuales.

La coyuntura del conflicto hoy con las ofensivas de los cuerpos de seguridad colombianos en contra de las protestas sociales del Paro Nacional, han dejado heridas a 578 personas, 37 de ellas recibieron lesiones oculares. Han detenido arbitrariamente a más de 1400 personas. Presuntamente, más de quinientas están desaparecidas y se han cometido violencias sexuales contra veintiún mujeres. “No sabemos si esta situación que se presenta arrojará a otro gran número de connacionales a Venezuela, para salvar sus vidas de la persecución física, judicial y política”, consideró la integrante del Partido Comunes.

Este 2021, desde el 28 de abril, las movilizaciones del Paro Nacional Indefinido agrupan a comunidades indígenas, campesinas, jóvenes, estudiantes, afros y otros sectores de la clase trabajadora, quienes están movilizados en más de quinientos municipios, sin tener garantías para ejercer su legítimo derecho a la protesta.

Vea también: Colombia: un Estado genocida y una movilización que crece

De hecho, este miércoles 19 de mayo, comunidades del Catatumbo se movilizaron de forma pacífica hacia Cúcuta, ciudad frontera con Venezuela, con el objetivo de sumarse a un Pliego Regional de Peticiones que le hacen al gobierno colombiano. Sus principales exigencias se basan en la implementación integral y verdadera del Acuerdo de Paz en el departamento del Norte de Santander, las garantías de no repetición a la violación de derechos humanos, los cuerpos de las mujeres libres de violencias machistas, la desmilitarización de las protestas y los territorios, entre otras demandas.

Pueblos hermanos y desafíos

Colombia y Venezuela están divididas por espacios fronterizos de la política oficial. Sin embargo, los ríos, montañas y dinámicas fronterizas, más que una división entre ambos pueblos, realmente fortalecen lazos de identitarios que apuntan a una unidad económica, cultural y social por la cual se sigue luchando.

“En la medida en que Colombia y Venezuela somos pueblos hermanos y compartimos frontera nuestros destinos están estrechamente vinculados. La frontera ha posibilitado históricamente una dinámica de movilidad entre las comunidades fronterizas en función del estudio, el trabajo y la alimentación, en donde Venezuela, hasta hace pocos años, había sido siempre un epicentro para el abastecimiento y acogida de la población colombiana que venía huyendo del conflicto armado y las políticas económicas de profunda desigualdad”, describió Martha Elia Grajales de Surgentes y del PHVZ.

Grajales refirió que esa frontera, que hermana a los pueblos, también es un espacio en disputa por actores del crimen organizado que utilizan esas rutas para transportar, fuera del control estatal, drogas, gasolina, armas y, lamentablemente, también personas, especialmente mujeres jóvenes venezolanas. “Como consecuencia de la profunda crisis económica que enfrenta Venezuela, producto del ilegítimo bloqueo que pesa en ese país, pues están en la búsqueda de fuentes de trabajo que les genere algún ingreso en divisas, lo que las hace más susceptibles de ser captadas”, contextualizó.

“En este sentido, las coincidencias de las sociedades colombiana y venezolana están relacionadas con las problemáticas que enfrentan ambos países como consecuencia del accionar del crimen organizado que se alimenta de las coyunturas que viven sus pueblos”, manifestó Martha Elia Grajales del PHVZ.
Sin duda, las entrevistadas coincidieron en que las diferencias entre Colombia y Venezuela se enfocan en cómo sus Estados administran y gestionan las problemáticas sociales y económicas.

Con la Revolución Bolivariana, gracias a las políticas públicas, las y los colombianos han tenido la posibilidad de ejercer derechos humanos fundamentales. Hablamos de educación, vivienda y trabajo. Pero, al otro lado de los ríos que nos unen, encontramos a un gobierno colombiano que cercena sus derechos, ni quiere ni pretende escuchar a su pueblo. Más bien, le responde con silencio, estigmatización, terror y violencia.


Laura Cano/Alba TV

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