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Individualidades y organizaciones feministas acompañan las denuncias de violencias sexuales en Venezuela

Venezuela | 4 de mayo de 2021

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Desde hace más de una semana en Venezuela, se han compartido y visibilizado en redes sociales casos de abuso sexual, acoso sexual y violación hacia mujeres jóvenes, niñas y adolescentes. Varios de los presuntos agresores pertenecen a los ámbitos artísticos, políticos, educativos y literarios de este país.

Casos y redes sociales

El 19 de abril de 2021, Alejandro Sojo, residente en Argentina y exvocalista de la banda venezolana "Los Colores", agrupación que ganó el Festival de Rock “Nuevas Bandas” en el 2012, fue acusado de estupro, abuso y acoso sexual con los testimonios de seis chicas a través de la cuenta en Instagram @alejandrosojoestupro.

Esta cuenta compila y difunde pruebas de conversaciones entre el presunto agresor con mujeres adolescentes entre 14 y 16 años de edad. Asimismo, comparte relatos de años recientes, por parte de las víctimas, en torno a experiencias machistas de acoso sexual, abuso sexual y violación en las que no sólo está acusado Sojo sino también Murachi Palomo, amigo del músico, quien también hacía parte de "Los Colores".

Según informaciones publicadas en @alejandrosojoestupro, más de 20 mujeres jóvenes han enviado sus testimonios sobre violencias sexuales cometidas presuntamente por Sojo y Palomo.

El acoso sexual, los actos lascivos, el abuso sexual y la violación son tipos de violencia sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes, que están tipificadas en la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia (LODMVLV) y en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) del país.

La LODMVLV define la violencia sexual como toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer, niña y adolescente a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, comprendiendo esta no solo el acto sexual, sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, tales como actos lascivos, actos lascivos violentos, acceso carnal violento o la violación propiamente.

Al respecto, dicha Ley establece en su artículo 43 que quien cometa violencia sexual podrá ser sancionado entre 15 a 20 años de prisión, pero se incrementarían los años de cárcel, de un cuarto a un tercio, si la víctima es una niña, adolescente, o si el agresor es cercano afectivo, conyugal o familiar a la víctima.

Yelena Carpio, abogada feminista venezolana, perteneciente a la colectiva Tinta Violeta, señala además que existen otros elementos de estos hechos punibles establecidos en la Ley. Por ejemplo, el acto carnal con víctima especialmente vulnerable (art. 44).

Vea también: Violencia simbólica: La agresión más silente e impune contra las mujeres

“Este artículo ratifica lo que menciona el artículo anterior y agrega la descripción de mujer vulnerable cuando se habla en razón de su edad, si es inferior a 13 años; cuando el autor del delito se valió de su relación de superioridad o parentesco con la víctima, cuya edad sea inferior a 16 años; si la víctima tiene una discapacidad física o mental, entre otros. Sin embargo, al momento de denunciar los órganos receptores de denuncia deberían considerarse otras vulnerabilidades para calificar el caso de violencia sexual, tal como lo es la vulnerabilidad socio-económica”, expuso Carpio.

En Venezuela, el estupro, una categoría antigua del Derecho para señalar los actos sexuales de un adulto con menores o adolescentes, es, en realidad, el delito de violación u otro tipo de violencia sexual hacia víctima especialmente vulnerable, tipificado en el ordenamiento de Justicia de este país suramericano.

Para María Santini, feminista y abogada venezolana, “no existe relación sexual cuando no hay consentimiento. Y si nos referimos a relaciones desiguales de poder, realmente hablamos de violencias sexuales, violación y actos lascivos a niñas, mujeres y adolescentes”.

Carpio agrega que el abuso sexual dentro de la LODMVLV se refiere a actos lascivos. Es decir, el empleo de violencias y amenazas que sometan a una niña, mujer o adolescente a acceder a un contacto sexual no deseado, afectando su derecho a decidir libremente sobre su sexualidad, incluso sin violencias o amenazas, prevaliéndose -el agresor- de su relación de autoridad, privilegios o parentesco.

En cuanto a estas violencias machistas, Daniella Inojosa, defensora de los derechos humanos de las mujeres, resalta que en un caso de abuso sexual o actos lascivos puede no haber violación. Pero donde hay violación, hay abuso sexual.

Mientras tanto, la LOPNNA, en su artículo 259, establece de manera explícita el abuso sexual a niños y niñas, pero la atención judicial de estos casos deberá estar en concordancia con lo establecido en el Código Penal y la LODMVLV.

Las denuncias de violencias sexuales cometidas presuntamente por el vocalista coparon las otras redes sociales, como Twitter, en la que individualidades y organizaciones feministas han hecho tendencia las etiquetas #YoSiTeCreo, #NiUnaMas, entre otras, con el objetivo, además, de insistir en la desnormalización cultural de estas expresiones de violencia machista.

En este sentido, un sinnúmero de mujeres jóvenes y adultas han alzado sus voces en plataformas virtuales para denunciar a más músicos, artistas, escritores y directores de teatro venezolanos.

Entre los músicos acusados por violencias sexuales están Leonardo Jaramillo, guitarrista de la banda de Rock “Okills”, Tony Maestracci de la agrupación “Tomates Fritos”, Daniel Landaeta de “LeCinema”. Ante este contexto, las agrupaciones han compartido comunicados en respaldo a las sobrevivientes en los que señalan que estos músicos cesan sus funciones en las bandas. Inclusive, a propósito de las acusaciones en la red, algunos de los presuntos agresores se pronunciaron públicamente.

Las escenas teatral y literaria también se vieron afectadas por la oleada de denuncias. Juan Carlos Ogando, director y cofundador del Grupo Actoral Skena, está siendo acusado de abuso y acoso sexual a niñas y adolescentes. A partir del testimonio de la actriz Andrea Cariello González, quien se pronunció desde su cuenta en Instagram, motivó a otras jóvenes que se atrevieron a alzar su voz sobre los abusos presuntamente cometidos por este director de teatro.

A los casos mencionados se sumaron acusaciones de violencias sexuales en las que señalaron a los escritores y directores de medios periodísticos venezolanos: Willy Mckey, Víctor Amaya (Diario Tal Cual) y César Batiz (El Pitazo TV), entre otros.

El escritor y colaborador de Prodavinci, Mckey, quien residía en Argentina, denunciado por acoso y actos lascivos a una joven de 15 años en el año 2015, se suicidó el 29 de abril de este año, después de que el Ministerio Público en Venezuela anunciara la apertura de investigaciones de diversos casos expuestos en redes sociales, incluyendo éste.

A raíz de este hecho, individualidades y organizaciones feministas han respondido a mensajes de odio y estigmatización hacia las sobrevivientes que valientemente rompieron el silencio, resaltando que los suicidios de los presuntos agresores no son responsabilidad de las víctimas.

Comunicados y pronunciamientos de autoridades venezolanas

Durante una rueda de prensa, en Caracas, Venezuela, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, envió un mensaje de solidaridad y compromiso con las víctimas de violencia sexual en el país.

En este sentido, Saab asignó a la Fiscalía 79° Nacional para la investigación penal a Alejandro Sojo, Murachi Palomo, Tony Maestracci, Willy Mckey, Juan Carlos Ogando, José Pepe Arceo (director de teatro de Ant Producciones). De hecho, el pasado 29 de abril, el representante del Estado venezolano informó que José Rafael Briceño, comediante, también será investigado por los organismos competentes, ya que instigó a drogar y violar mujeres en el programa “Que se vayan todos”, en el que participó también Mckey.

El Fiscal Saab destacó que estos presuntos abusos sexuales fueron cometidos por personas haciendo uso de su fama o disposición de poder en contra de adolescentes y mujeres adultas. A su vez, informó que ha decidido proponer una revisión de la legislación relativa a los casos de violencia sexual.

Recordemos que el Ministerio Púbico, institución que integra el Sistema de Justicia en Venezuela, es un órgano receptor de denuncias de violencia machista que cuenta con la Dirección General de Protección a la Familia y Mujer para canalizar denuncias de violación, abuso sexual y otras expresiones de violencia de género.

Por otro lado, el 28 de abril el Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género emitió un comunicado, firmado por la ministra Carolys Pérez, en el que manifiesta su solidaridad con las mujeres que han estado expresando diversos actos de violencia sexual, y condena energéticamente a los autores materiales de los hechos. Esta institución también compartió el 0800MUJERES, una línea de alcance nacional para la atención de casos de violencia de género.

Organizaciones feministas y acompañamiento a las sobrevivientes

Cada vez más colectivas y organizaciones feministas tienen incidencia formativa y de denuncia pública en Venezuela. Disponen su acompañamiento, asesoría jurídica y atención psicológica a las sobrevivientes, de manera telefónica o presencial.

Sobre la visibilidad de prácticas machistas en los ámbitos artísticos y teatrales, se han realizado denuncias formales, comunicados y llamados a la reflexión de instituciones universitarias, académicas y otras instituciones.

En junio de 2018, cinco estudiantes denunciaron al profesor de artes audiovisuales Vladimir Castillo, por acoso sexual, hostigamiento, amenazas y violencia psicológica. Castillo impartía clases en la Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE), en Caracas, Venezuela.

El modus operandi de este presunto agresor consistía en chantajear a estudiantes, prometiéndoles participaciones en producciones artísticas, manipulándolas, desde su posición de poder como profesor, para acosarlas sexualmente.

Actualmente, grupos feministas, tal como Faldas-R, acompañan a las estudiantes uneartistas que se atrevieron a denunciar. Yelena Carpio, abogada de las víctimas, comentó que en agosto 2019 se realizó una audiencia preliminar de este caso, cuyo registro excluye delitos. El fiscal encargado del caso acusó a Castillo por los delitos de violencia psicológica, amenazas y hostigamientos, mientras que la jueza admitió la acusación por acoso sexual demandada por una de las víctimas. Hasta la fecha, el acta de la audiencia preliminar no ha sido corregida y todavía este caso no ha pasado a juicio.

En el 2020, organizaciones e individualidades se pronunciaron en rechazo del nombramiento de Vladimir Castillo como vicepresidente televisora Fundación Audiovisual Nacional de Televisión (ANTV). En agosto de ese mismo año, se llevó a cabo un Tuitazo con los hashtags #HermanaYoSiTeCreo y #JusticiaParaLasEstudiantes para develar las injusticias vividas por las jóvenes sobrevivientes, así como el retardo procesal en órganos de justicia pertinentes.

También, organizaciones populares y feministas difundieron el Comunicado "Justicia para las Estudiantes" en el que exigen la desincorporación de Vladimir Castillo en espacios educativos; la corrección del acta de la audiencia preliminar en este caso nro. 946-2018; la ejecución de campañas, con perspectiva de género, para prevenir las prácticas machistas en la educación; y elaboración y ejecución de protocolos para atender las violencias sexuales en los centros educativos públicos y privados del país.

Más recientemente, el 26 de abril de este año, en horas de la noche, la Colectiva Tinta Violeta expuso desde su cuenta en Twitter @entintavioleta que ese mismo día el Tribunal de Control otorgó a Jenny Lorena Rosales la medida sustitutiva de casa por cárcel, quien captaba mujeres, niñas, jóvenes y adolescentes con fines de explotación sexual, a través de la empresa Sambil Model, perteneciente a la red de trata de "Negro Fabio".

Vea también: Fragmentos de mujeres que paren y ayudan a parir

La trata de mujeres, niñas y adolescentes es un delito en contra de los Derechos Humanos fundamentales por lo que no se le pueden ofrecer beneficios procesales a los implicados, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica sobre el Derecho de Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

Por esta razón, el martes 27, se convocó a un Tuitazo con los hashtags #JusticiaParaLasVíctimas, #NiUnaMas, #NoMasTrataDeMujeresYNiñasVenezolanas para denunciar la medida sustitutiva que había sido otorgada por el Tribunal de Control.

Inmediatamente, el Ministerio Público introdujo un recurso de apelación con efecto suspensivo quedando Jenny Rosales temporalmente detenida. El Juez del Tribunal de Control de este caso aceptó la apelación por lo que Rosales se encuentra recluida en un centro penitenciario, ubicado en Caracas, dentro de la división de violencia contra la mujer.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones, según la información del Ministerio Público, decidirá si la acusada hará el juicio privada de libertad en su casa o estando recluida en el centro penitenciario.

Así, y de diversas formas, los grupos feministas exigen e insisten al Estado Venezolano la atención oportuna y celeridad de casos de violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes. Además, demandan programas, protocolos y formaciones con perspectiva feminista en todas las instituciones de la sociedad, que apunten a la erradicación cultural del machismo.

Actualmente, dentro del llamado de denuncias, a través de la campaña #YoSiTeCreo en Venezuela, participan cantautoras y actrices venezolanas, quienes han compartido sus historias de abuso y acoso sexuales, que difunden en plataformas virtuales.

La 5ta Ola y diversos grupos feministas compartieron en redes sociales comunicados en los que expresan su solidaridad y acompañamiento a las sobrevivientes de violencias sexuales, y decirle a cada chica, mujer joven, adulta y niña que #NoEstánSolas; demandando, a su vez, al Estado venezolano atención oportuna, sin revictimizaciones, en casos de violencia machista.

También, la Colectiva Tinta Violeta y la Red La Araña Feminista se pronunciaron enfatizando que, aunque hayan pasado varios años del hecho de violencia, todavía las sobrevivientes pueden denunciar. Al mismo tiempo, alertan sobre las amenazas y hostigamientos que en este momento pudiesen recibir las mujeres jóvenes y adultas que han levantado sus voces.


Laura Cano/Alba TV

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