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Violencia de género

Mujeres venezolanas se exponen a obstáculos al ejercer sus derechos como víctimas ante tribunales

Venezuela | 28 de mayo de 2021

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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), incluidos los tribunales de violencia contra las mujeres, cumplen un rol determinante, ya que dictan los lineamientos en la aplicación, gestión y administración de la justicia. Sin embargo, organizaciones e individualidades feministas denuncian algunas de las malas prácticas dentro de sistema de justicia para las mujeres en este país.

Durante una entrevista para Alba TV, Yelena Carpio, abogada feminista, litigante en derechos para las mujeres, enfatiza en que el TSJ tiene una función preponderante en el sistema de justicia porque éste tiene la facultad de dictar los lineamientos en materia de políticas de justicia de género.

"Para esto, el Estado venezolano cuenta con una Comisión de Justicia de Género, cuya presidencia es rotativa entre las magistradas de la Sala Penal. Por otra parte, la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Lodmvlv) creó los Tribunales Especializados en materia de violencia contra la mujer. Eso fue un logro desde que entró en vigencia (año 2007) esta ley, porque su aplicación es muy específica en relación a la del Derecho Penal Ordinario" , acota Carpio.

Aseguró que los Tribunales Especializados en materia de violencia contra la mujer deben garantizar una mejor aplicación del Derecho. "Los Tribunales Especializados tienen la facultad de recabar información sobre el rendimiento y gestión de justicia en materia de género. Pueden sistematizar cuánto es el retardo procesal, cuántas son las condenas absolutorias, condenatorias, entre otras. Incluso en un contexto de bloqueo y crisis económica, dichas instituciones pudiesen manejar estadísticas para desarrollar políticas públicas y así enfrentar las dificultades" .

Casos y malas prácticas

A pesar de las facultades del órgano rector de la justicia, las denuncias de organizaciones feministas en redes sociales buscan, en principio, visibilizar las sentencias y beneficios procesales, emitidas por el TSJ que contradicen lo establecido en la Ley del país suramericano.

Vea también: Individualidades y organizaciones feministas acompañan las denuncias de violencias sexuales en Venezuela

Recientemente, salieron a la luz pública dos hechos en los que grupos activistas por los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes señalaron que, lejos de ser casos aislados o particulares, responden a la sistematicidad de las malas prácticas de autoridades en los procesos de justicia.

El 26 de abril pasado, el Tribunal Primero de Primera Instancia de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) otorgó a una medida sustitutiva de casa por cárcel a la ciudadana Jenny Lorena Rosales, quien presuntamente captaba a mujeres, niñas, jóvenes y adolescentes a través de la empresa Sambil Model, perteneciente a la red de trata de "Negro Fabio" .

Sin embargo, el Ministerio Público introdujo un recurso de apelación con efecto suspensivo de tal medida, que fue aceptada por el juez del Tribunal de Control, dejando así a Rosales temporalmente detenida en un centro penitenciario, ubicado en la División de Violencia contra la Mujer en el municipio Libertador de Caracas.

En este sentido, la Colectiva Tinta Violeta convocó a un tuitazo para el día 27 de abril con las etiquetas principales #JusticiaParaLasVíctimasDeTrata y #NoMásTrataDeMujeresYNiñasVenezolanas en rechazo de los intentos de otorgar beneficios procesales a personas implicadas en crímenes de lesa humanidad, sin dejar de reconocer la acción temprana que realizó la Fiscalía.

Según la información emitida por la Fiscalía General de la República, la Corte de Apelaciones decidirá si la acusada hará el juicio en privación de libertad en su casa o recluida en la División de Violencia contra la Mujer del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), órgano que se encarga de las investigaciones penales en Venezuela.

Por otro lado, el pasado 15 de mayo, las organizaciones venezolanas Faldas R, Tinta Violeta, y otras colectivas, denunciaron en Twitter que la jueza Anny Rangel, del Tribunal de 1era Instancia en Funciones de Juicio, con competencia en delitos de violencia contra la mujer en el estado Mérida, en Los Andes venezolanos, decidió en la noche del 14 de este mismo mes, decretar sentencia de libertad absoluta a favor de los acusados de los delitos de femicidio y violencia sexual cometidos contra la adolescente Yusleidy Salcedo, asesinada en 2016.

Sin embargo, nuevamente la Fiscalía de Venezuela realizó una apelación inmediata en la modalidad de Efecto Suspensivo en conformidad con el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal de este país. El artículo establece que cuando se trate de una decisión que otorgue libertad al imputado, la interposición del recurso de apelación suspenderá la ejecución de la decisión si se refiere a delitos de homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, violaciones graves a los derechos humanos, con multiplicidad de víctimas, y otros delitos.

Ante estos casos, activistas feministas no sólo exigen justicia para las víctimas de trata, explotación sexual, femicidio y violación, sino que además hacen un llamado de atención a la Inspectoría General de los Tribunales para revisar y sancionar la actuación de ciertas juezas y jueces que ejecutan acciones en contra de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Retardo procesal en el Sistema Judicial

Estos hechos no son aislados. Yelena Carpio, abogada feminista y litigante por los derechos de las mujeres, señala que una de las prácticas más reiterativas que realizan los jueces es que dictan, como medida cautelar, la privación de libertad en casa, sobre todo en denuncias con delitos y elementos muy evidentes que apuntan a la autoría de los acusados.

"Algunos jueces usan como referencia la Sentencia 453 del 4 de abril de 2001, Magistrado Antonio García, de la Sala Constitucional del TSJ, tergiversándola y aplicándola a la fuerza en un supuesto en el que no debería ser aplicado. Esto no sólo se ve en casos legales de violencia contra las mujeres en Caracas, sino que son reiteradas en todo el territorio nacional" , explica.

Asimismo, Carpio acota que si bien existen malas prácticas en el sistema de justicia para las mujeres, es difícil saber con precisión cuántos son porque no se tienen estadísticas oficiales que permitan hacer seguimientos a las actuaciones más frecuentes dentro de los tribunales.

"Desde el Voluntariado ’Mayell Hernández’, en el que realizamos acompañamiento a mujeres, niñas, niños y adolescentes en Venezuela, tenemos experiencias, sin caer en generalizaciones, de los niveles de retardo procesal. Es falso que existan territorios, en nuestro país, sin retardos procesales. La mayoría de los casos que nosotras acompañamos, que están judicializados y que ya pasaron la fase preliminar de la investigación, donde los agresores ya fueron imputados, caen en un limbo por el retardo judicial. Para mí, la fase del juicio, lamentablemente, es el peor momento en materia de justicia" , asevera la abogada venezolana.

Vea también: La homofobia no está en cuarentena

Según Carpio, de todos órganos de justicia en materia de género en Venezuela, con facultades atribuidas legalmente, los que tienen mayor desafío son los Tribunales Especializados de este país suramericano. "Me refiero a los tribunales especializados y en los estados donde no hay tribunales designados pero que ejercen la competencia en justicia para las mujeres. Allí está la brecha más grande entre lo que ordena la Ley y lo que hacen realmente" , comentó.

Revictimizaciones y miedo a denunciar

En Venezuela, organizaciones feministas que acompañan a sobrevivientes de violencia machista, en varios momentos, han expuesto que muchas mujeres deciden no denunciar. Sobre este punto, Yelena Carpio reflexiona que esta decisión está atravesada por el miedo y la desconfianza al sistema de justicia.

"Esta realidad no es responsabilidad exclusiva de los tribunales, pero, en efecto, este miedo que sienten las mujeres al momento de interponer denuncias tiene un fundamento objetivo en los casos que presentan retardo judicial y revictimizaciones contra las mujeres. Entonces, las posibilidades de que ellas alcancen justicia en sus casos son inciertas. Es casi un acto de «fe» que amerita mucha energía, inversión de dinero y tiempo" , asegura.

Carpio menciona que, pese a que la justicia de género debe ser gratuita, incluyendo el derecho a la tutela judicial y efectiva, en la cotidianidad no es así. "Cada vez que una mujer acude a un tribunal, y tiene que sacar fotocopias o realizar algún otro acto como el traslado al lugar, se expone a obstáculos al momento de ejercer sus derechos como víctima. Muchos de estos obstáculos, además, tienen costos económicos" .

"Sabemos de casos donde a las víctimas, que desean justicia, les piden desde los Tribunales, por ejemplo, que impriman las decisiones, con la excusa de que las oficinas no cuentan con papel o tóner. Esto nos refleja un problema estructural que vive el país. No sólo es la falta de sensibilidad en materia de género por parte de las y los funcionarios, también tiene que ver con la inversión material y económica del Estado dentro de esta institución o sector" , destaca la abogada.

Por último, Yelena Carpio, feminista y abogada venezolana, reflexiona que "cuando el sistema de justicia no funciona como debería, por supuesto se genera más impunidad y, a su vez, se convierte en un mensaje social que minimiza la gravedad de las violencias contra las mujeres, así como los femicidios en Venezuela" .


Laura Cano/Alba TV

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